¿Democratización? 
Para dar un paso a la democratización en la toma de decisiones, deberíamos de partir por involucrar cada vez más a los ciudadanos y ciudadanas. En el núcleo de la participación que reside en la actitud frente al poder, acercándose a los problemas públicos y tomar parte de ellos de cualquier forma de acción colectiva; esta participación debe tener una cuota de conciencia e identificación social y no solo satisfacer sus intereses individuales, antes que permitirse el sacrificio por los demás.
Porque no hay verdadera participación sin solidaridad, ni hay una auténtica solidaridad sin participación. La participación y la solidaridad se exigen mutuamente para orientarse en el bien común.
La participación tiene dos tipos: Participación Directa, que es el derecho de participar de los ciudadanos en el gobierno y en los asuntos públicos; Participación Indirecta, se da por medio de los representantes libremente elegidos.
Pero la democracia no se legitima por la participación indirecta, a través del voto, transfiriendo el poder a los representantes, por mucho que estos sean elegidos democráticamente. La legitimación de la democracia exige además de la delegación de la cuota de poder a los representantes, la capacidad de gestionar, compartir decisiones y poder o tener incidencia política (por lo menos para iniciar hacia la tan esperada construcción de la Democracia Participativa) por parte de la ciudadanía en sus diferentes contextos sociales para mantenerlos o transformarlos. Es decir no solo debe primar la democracia representativa, sino debe darse la convivencia entre estas dos democracias (Representativa y Participativa), ya que la participación de los ciudadanos cuenta mucho en estos tiempos y más aún si tenemos en consideración que los viejos partidos políticos se encuentran totalmente desprestigiados y deslegitimados inclusive con sus mismos militantes, encontrándose lejos de las expectativas y sus exigencias del pueblo.
Pues para la consolidación de la democracia requiere mantener abiertos los canales de la participación y despiertos los valores que le dan estabilidad al régimen. La convivencia entre la representación política y participación ciudadana es la que supone una doble obligación: Por un lado la del gobierno hacia la sociedad que les ha otorgado el poder y por otro lado de los ciudadanos hacia los valores sociales (aspectos normativos) sobre los que descansan la democracia hacia la convivencia civilizada.
Teniendo en consideración que la participación es un derecho y vía fundamental en la democracia. Es en ese sentido que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a la participación en nuestra Constitución, Ley de Derecho de Participación y Control Ciudadano – 26 300, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de Municipalidades, Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Perú; también existen otras formas de participación ciudadana que no se encuentran legisladas pero pueden ser implementarlas en los gobiernos locales y regionales (ejemplo: el gobierno local puede reconocerlas a través de una Ordenanza Municipal, los gobiernos regionales también podrían hacer algo al respecto), claro que si existiese verdaderamente voluntad política. Pero hay otras que no es necesario de requerir el reconocimiento por parte del Estado, porque pueden encontrarse organizados para realizar incidencia política y/o vigilancia ciudadana.
Pero estas normas de Participación Ciudadana no han funcionado como se esperaba y son pocos los resultados alentadores por las barreras y obstáculos que hacen difícil lograr algún éxito, más aún si los gobernantes no tienen voluntad política de apertura, por ejemplo: Los Consejos Consultivos Locales (CCL) y Consejos Consultivos Regionales (CCR) no pasan muchísimas veces de ser meramente consultiva, porque no tiene carácter vinculante con las acciones de los gobiernos locales y regionales que en reiteradas ocasiones hacen oídos sordos a las propuestas, desalentándolos a los ciudadanos; los Presupuestos Participativos no es más que una formalidad que cumplir ya que la sociedad civil en su conjunto que participa es una minoría y se impone el voto de la mayoría que son parte del gobierno. Pero debemos de entender que es una “ventana abierta” y que abre posibilidades para dar inicio y tránsito hacia la verdadera Democracia Participativa en la toma de decisiones, lo que queda como reto para nosotros es mejorar la legislación en beneficio de la participación ciudadana. Consolidando la participación que es la primera meta para luego terminar logrando una aproximación a la igualdad (aunque esto sólo se alcanzará con un pueblo organizado y a veces movilizado).
Así mismo el Estado esta en la obligación de hacer más confiables los pocos espacios de concertación que hay, implementando políticas educativas e iniciar una conciencia ciudadana inclusive en los funcionarios públicos para que exista esa voluntad política de la que tanto hablamos y aperturen nuevos espacios (aparte de los que establecen la ley para la participación ciudadana), inicien diálogos y concertaciones con la sociedad civil como criterio fundamental de la construcción de la cultura democrática. También se debe tener en cuenta que con altos índices de analfabetismo, pobreza de capital social (incapacidad para concertar y articularse en todos los niveles) y exclusión; no será posible conducir con los procesos de participación ciudadana en forma sostenida y garantizar la gobernabilidad venida a menos, por esos motivos el Estado tiene una deuda con los sectores más pobres y olvidados, impidiéndose llevarse con éxito el desarrollo humano donde se debe priorizar la educación y haciendo énfasis en todos los niveles la formación ciudadana.
Como también los gremios, sindicatos, escuelas y colegios, universidades, partidos políticos, colegios de profesionales, organizaciones sociales y de base, etc., tienen un rol que cumplir, que es de generar verdaderos ciudadanos y practicar la participación desde sus instituciones.
Como consecuencias del ejercicio ciudadano se podrá garantizar la disminución de la corrupción a través de la vigilancia ciudadana de la población conjuntamente con las organizaciones sociales y se comprometan con las políticas de desarrollo de su gobierno realizadas u obtenidas por la incidencia política o por los espacios de concertación.
Lamentablemente las élites políticas frente al ejercicio ciudadano hacen un blindaje (en su gran mayoría) para no permitir el control y las iniciativas ciudadanas, ellos solo ven en los espacios de concertación como una válvula de escape a los mecanismos de presión (marchas, bloqueos de carreteras, plantones, etc.). Estas en muchas oportunidades ha dado mejores resultados que la concertación. Tampoco hay voluntad política para aperturar los espacios de concertación y participación, cuando son estos los espacios que podrían dar gobernabilidad, legitimidad y viabilizar el proceso. Pero como están politizados partidariamente, la población no válida el proceso más aún al no ver instituciones y organizaciones que los representen y/o tengan credibilidad.
En consideración que las instituciones poliarquicas no garantizan que la participación ciudadana sea de carácter decisorio (por lo menos tengan en cuenta algunas de sus propuestas) sino solamente consultivos como los CCL y CCR ya que no es tan cómoda y vigorosa como podría serlo en una pequeña Ciudad – Estado, ni la élite política permiten que sean controladas de cerca por los ciudadanos; por que se encuentra infestada de corruptos y se ha institucionalizado una cultura de la corrupción; es por eso que no deja tener razón la afirmación del noble Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe en forma absoluta”, en conclusión no se debe permitir la acumulación del poder en pocas manos y la obligación de realizar una activa participación ciudadana incidiendo en la No Reelección en ningún cargo público asumido por elecciones.
Por: Abog. César Atienza Villavicencio Atienza
Secretario de Juventud de la CUT – Región Junín
Coordinador General de la Alianza Humanista de Abogados
Secretario General y Fundador de la Alianza Humanista Juvenil - AHuJ
Asesor Legal de la Federación de Estudiantes del Perú - FEP
Av. Ferrocarril 766 – Huancayo
Tel.: 064–213493 Cel. : 064–9314585
Emails: alianzahumanista@yahoo.es
atienza_ddhh@yahoo.com
Para dar un paso a la democratización en la toma de decisiones, deberíamos de partir por involucrar cada vez más a los ciudadanos y ciudadanas. En el núcleo de la participación que reside en la actitud frente al poder, acercándose a los problemas públicos y tomar parte de ellos de cualquier forma de acción colectiva; esta participación debe tener una cuota de conciencia e identificación social y no solo satisfacer sus intereses individuales, antes que permitirse el sacrificio por los demás.
Porque no hay verdadera participación sin solidaridad, ni hay una auténtica solidaridad sin participación. La participación y la solidaridad se exigen mutuamente para orientarse en el bien común.
La participación tiene dos tipos: Participación Directa, que es el derecho de participar de los ciudadanos en el gobierno y en los asuntos públicos; Participación Indirecta, se da por medio de los representantes libremente elegidos.
Pero la democracia no se legitima por la participación indirecta, a través del voto, transfiriendo el poder a los representantes, por mucho que estos sean elegidos democráticamente. La legitimación de la democracia exige además de la delegación de la cuota de poder a los representantes, la capacidad de gestionar, compartir decisiones y poder o tener incidencia política (por lo menos para iniciar hacia la tan esperada construcción de la Democracia Participativa) por parte de la ciudadanía en sus diferentes contextos sociales para mantenerlos o transformarlos. Es decir no solo debe primar la democracia representativa, sino debe darse la convivencia entre estas dos democracias (Representativa y Participativa), ya que la participación de los ciudadanos cuenta mucho en estos tiempos y más aún si tenemos en consideración que los viejos partidos políticos se encuentran totalmente desprestigiados y deslegitimados inclusive con sus mismos militantes, encontrándose lejos de las expectativas y sus exigencias del pueblo.
Pues para la consolidación de la democracia requiere mantener abiertos los canales de la participación y despiertos los valores que le dan estabilidad al régimen. La convivencia entre la representación política y participación ciudadana es la que supone una doble obligación: Por un lado la del gobierno hacia la sociedad que les ha otorgado el poder y por otro lado de los ciudadanos hacia los valores sociales (aspectos normativos) sobre los que descansan la democracia hacia la convivencia civilizada.
Teniendo en consideración que la participación es un derecho y vía fundamental en la democracia. Es en ese sentido que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a la participación en nuestra Constitución, Ley de Derecho de Participación y Control Ciudadano – 26 300, Ley de Bases de la Descentralización, Ley Orgánica de Municipalidades, Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Perú; también existen otras formas de participación ciudadana que no se encuentran legisladas pero pueden ser implementarlas en los gobiernos locales y regionales (ejemplo: el gobierno local puede reconocerlas a través de una Ordenanza Municipal, los gobiernos regionales también podrían hacer algo al respecto), claro que si existiese verdaderamente voluntad política. Pero hay otras que no es necesario de requerir el reconocimiento por parte del Estado, porque pueden encontrarse organizados para realizar incidencia política y/o vigilancia ciudadana.
Pero estas normas de Participación Ciudadana no han funcionado como se esperaba y son pocos los resultados alentadores por las barreras y obstáculos que hacen difícil lograr algún éxito, más aún si los gobernantes no tienen voluntad política de apertura, por ejemplo: Los Consejos Consultivos Locales (CCL) y Consejos Consultivos Regionales (CCR) no pasan muchísimas veces de ser meramente consultiva, porque no tiene carácter vinculante con las acciones de los gobiernos locales y regionales que en reiteradas ocasiones hacen oídos sordos a las propuestas, desalentándolos a los ciudadanos; los Presupuestos Participativos no es más que una formalidad que cumplir ya que la sociedad civil en su conjunto que participa es una minoría y se impone el voto de la mayoría que son parte del gobierno. Pero debemos de entender que es una “ventana abierta” y que abre posibilidades para dar inicio y tránsito hacia la verdadera Democracia Participativa en la toma de decisiones, lo que queda como reto para nosotros es mejorar la legislación en beneficio de la participación ciudadana. Consolidando la participación que es la primera meta para luego terminar logrando una aproximación a la igualdad (aunque esto sólo se alcanzará con un pueblo organizado y a veces movilizado).
Así mismo el Estado esta en la obligación de hacer más confiables los pocos espacios de concertación que hay, implementando políticas educativas e iniciar una conciencia ciudadana inclusive en los funcionarios públicos para que exista esa voluntad política de la que tanto hablamos y aperturen nuevos espacios (aparte de los que establecen la ley para la participación ciudadana), inicien diálogos y concertaciones con la sociedad civil como criterio fundamental de la construcción de la cultura democrática. También se debe tener en cuenta que con altos índices de analfabetismo, pobreza de capital social (incapacidad para concertar y articularse en todos los niveles) y exclusión; no será posible conducir con los procesos de participación ciudadana en forma sostenida y garantizar la gobernabilidad venida a menos, por esos motivos el Estado tiene una deuda con los sectores más pobres y olvidados, impidiéndose llevarse con éxito el desarrollo humano donde se debe priorizar la educación y haciendo énfasis en todos los niveles la formación ciudadana.
Como también los gremios, sindicatos, escuelas y colegios, universidades, partidos políticos, colegios de profesionales, organizaciones sociales y de base, etc., tienen un rol que cumplir, que es de generar verdaderos ciudadanos y practicar la participación desde sus instituciones.
Como consecuencias del ejercicio ciudadano se podrá garantizar la disminución de la corrupción a través de la vigilancia ciudadana de la población conjuntamente con las organizaciones sociales y se comprometan con las políticas de desarrollo de su gobierno realizadas u obtenidas por la incidencia política o por los espacios de concertación.
Lamentablemente las élites políticas frente al ejercicio ciudadano hacen un blindaje (en su gran mayoría) para no permitir el control y las iniciativas ciudadanas, ellos solo ven en los espacios de concertación como una válvula de escape a los mecanismos de presión (marchas, bloqueos de carreteras, plantones, etc.). Estas en muchas oportunidades ha dado mejores resultados que la concertación. Tampoco hay voluntad política para aperturar los espacios de concertación y participación, cuando son estos los espacios que podrían dar gobernabilidad, legitimidad y viabilizar el proceso. Pero como están politizados partidariamente, la población no válida el proceso más aún al no ver instituciones y organizaciones que los representen y/o tengan credibilidad.
En consideración que las instituciones poliarquicas no garantizan que la participación ciudadana sea de carácter decisorio (por lo menos tengan en cuenta algunas de sus propuestas) sino solamente consultivos como los CCL y CCR ya que no es tan cómoda y vigorosa como podría serlo en una pequeña Ciudad – Estado, ni la élite política permiten que sean controladas de cerca por los ciudadanos; por que se encuentra infestada de corruptos y se ha institucionalizado una cultura de la corrupción; es por eso que no deja tener razón la afirmación del noble Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe en forma absoluta”, en conclusión no se debe permitir la acumulación del poder en pocas manos y la obligación de realizar una activa participación ciudadana incidiendo en la No Reelección en ningún cargo público asumido por elecciones.
Por: Abog. César Atienza Villavicencio Atienza
Secretario de Juventud de la CUT – Región Junín
Coordinador General de la Alianza Humanista de Abogados
Secretario General y Fundador de la Alianza Humanista Juvenil - AHuJ
Asesor Legal de la Federación de Estudiantes del Perú - FEP
Av. Ferrocarril 766 – Huancayo
Tel.: 064–213493 Cel. : 064–9314585
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