II Encuentro Sindical Iberoamericano
“Transformación del Estado y Desarrollo”
Asunción-Paraguay
26 de octubre de 2011
Los/as representantes de las Organizaciones Sindicales de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas, CSA y fraterna, de CGTP de Portugal y de UGT y CC.OO de España, reunidos/as en Asunción, Paraguay, en ocasión del II Encuentro Sindical Iberoamericano, bajo los auspicios del Gobierno de la República del Paraguay y de la SEGIB, teniendo como marco la XXI Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se celebrará en la ciudad de Asunción, los días 28 y 29 de octubre de 2011, acuerdan la siguiente Declaración:
1. El movimiento obrero internacional define la actual crisis como la Crisis Perfecta, porque la crisis económica - financiera coincide con las crisis alimentaria y energética /medioambiental (centrada en el cambio climático) derivando en un riesgo sistémico global. Fundamentalmente es una “crisis de empleo” y una “crisis de pobreza”, como efecto; pero también causa por su influencia en la depresión de la demanda. Es una crisis de justicia distributiva o de desigualdad que puede enfrentar a corto plazo una crisis política global.
2. Luego de 3 años de haberse desatado esta crisis, vemos con preocupación como en Grecia, España, Portugal y en el resto de Europa, se insiste en medidas orientadas por la lógica del mercado que solo reproduce desigualdades y precarización laboral en un contexto signado por la rentabilidad financiera, el desmembramiento de la economía productiva, el desarrollo de las grandes corporaciones económicas y los flujos de capitales. Estos países son sometidos a ajustes que desmantelan la protección social, el trabajo decente y otras conquistas sociales fruto de décadas de luchas de los/as trabajadores/as.
3. En América Latina, los efectos de la crisis no se sienten con la misma intensidad que en Europa y Estados Unidos donde se presenta un panorama preocupante y las medidas adoptadas para contener el efecto pernicioso de la crisis global, profundizan las reformas laborales regresivas, que ya aplicaron en años anteriores. En este contexto de fuerte presión económica y tensión social, es fundamental reforzar los mecanismos de diálogo social, en base al respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva.
4. El sindicalismo de Iberoamérica exige a los gobiernos de la región la garantía y ejercicio efectivo de los derechos de los/as trabajadores/as. El trabajo decente no puede ser la principal víctima de las políticas que se adopten para dar salida a la crisis. El modelo neoliberal y el gran capital trasnacional insisten en aplicar el recetario ya conocido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que sustenta la desregulación laboral, la precarización del empleo y la libertad para que los mercados impongan sus pautas en las relaciones de trabajo.
5. Los países que han eludido las recetas de ajuste fiscal y que han escogido un camino distinto, el de la protección del empleo, de generación de trabajo decente, de incremento de los ingresos de los trabajadores, de universalización de la protección social y de democratización de sus decisiones, han logrado sortear de mejor manera la actual crisis económica mundial, y han logrado darle al Estado un nuevo papel en la construcción del desarrollo.
6. La transformación de los Estados orientados al desarrollo sostenible encarna un fortalecimiento de las políticas públicas coordinadas hacia la generación de empleo productivo y trabajo decente/digno. El movimiento sindical defiende la urgencia socioeconómica y ética de abandonar las políticas procíclicas, las reformas de ajuste estructural, la reducción de salarios y las medidas de astringencia monetaria que hunde a los países a un circuito vicioso de desempleo e informalidad, derrumbe de la capacidad adquisitiva, ampliación de la pobreza y de la brecha en la distribución de la riqueza, y Estados más débiles en su capacidad de gestión y decisiones soberanas que redunden en la salida de la crisis.
7. Las políticas de los Estados en materia fiscal deben basarse en los principios de equidad y de redistribución de la renta tanto en la asignación del gasto público como en la obtención de los recursos fiscales necesarios para financiar las políticas en los servicios básicos, en particular la educación y la salud, elementos fundamentales para los proyectos sociales que impulsen la cohesión económica y social en nuestros países. En ese sentido, reiteramos la necesidad de una mayor justicia social redistributiva a través de un sistema fiscal fundamentado en los principios de suficiencia, equidad y progresividad donde los que dispongan de más recursos paguen más. Apuntalar el trabajo decente constituye un mecanismo de excelencia de redistribución de rentas. La economía informal e informalidad laboral constituye el componente más sintomático de desigualdad en nuestro continente. Los Estados de Bienestar en América Latina y el Caribe son débiles o prácticamente inexistentes. Como resultado, el mismo factor político que hace pagar menos impuestos a los ricos también hace, en un perverso segundo circulo regresivo, que el gasto sea neutro o favorable a los sectores de mejores ingresos, con lo que fortalece la desigualdad. América Latina, a pesar de su mejora en los indicadores de empleo, sigue detentando el vergonzoso primer puesto en desigualdad, con un índice de Gini promedio de 0.54. Su mejor comportamiento en materia de generación de empleo no ha redundado en mejores salarios, ni en las condiciones de trabajo, por el contrario, la mayor parte del trabajo generado es en condiciones de precariedad y desprotección social. Es fundamental una reforma tributaria que revierta el efecto perverso donde pagan más los que tienen menos. El sindicalismo de la región también acompaña la demanda internacional por el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras internacionales (ITF) que sea utilizado para la creación de fondos sociales y de generación de sistemas de protección para la población.
8. Los Estados deben desarrollar políticas de protección social universal a todos y todas los ciudadanos/as y con especial énfasis en mecanismos de incorporación a la fiscalidad contributiva equitativa que permita que en el mediano plazo los y las trabajadores/as excluidos/as de los mecanismos de protección sean participes reales de la distribución de la riqueza.
9. Los Estados deben situar el desarrollo con inclusión en el eje de sus políticas, pero esta tarea requiere de consulta, participación e involucramiento de la sociedad civil, en especial de los actores del diálogo social, empleadores, trabajadores/as y Estado como garante de la sostenibilidad y legitimidad del modelo de desarrollo. La defensa de los derechos humanos, de la libertad sindical y del derecho a la negociación colectiva son elementos constitutivos de la democracia y el desarrollo inclusivo. La negociación colectiva conforma el primer elemento de redistribución de la riqueza y requiere por ello, del compromiso real de los Estados para su efectiva vigencia.
10. Los Estados deben cumplir su rol de promotores del desarrollo sostenible a partir del diseño de planes regionales de complementación productiva en la región, la elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de la agricultura familiar, economía solidaria, las microempresas y PYMES, en el marco del respeto de los derechos laborales.
11. Instamos a que los Estados Iberoamericanos intervengan para detener el abuso de las practicas extractivas de minería y recursos naturales que se aplican sistemáticamente en América Latina, que además de degradar el medio ambiente, son propiciadoras de aberrantes formas de explotación laboral y no redundan en un crecimiento sostenible de la región y las comunidades, sino en exuberantes dividendos para corporaciones internacionales que no retornan en beneficios locales y nacionales.
12. Los Estados Iberoamericanos deben hacer cumplir la normativa sociolaboral internacional a las grandes empresas. En dicho sentido, las empresas multinacionales deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales y Política Social, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social tripartito a nivel nacional e internacional, Asimismo, deben hacer cumplir esta normativa a las empresas satélites y contratistas.
13. El movimiento sindical exige que cesen las violaciones a la libertad sindical y derecho de asociación, la persecución de los dirigentes sindicales, la judicialización y criminalización de la protesta social y las continuas represiones a las legítimas defensas del derecho al trabajo y a la libertad de asociación, tal como se define en la OIT y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos más fundamentales.
14. En el marco de los modelos de desarrollo actuales y su relación directa con los procesos de movilidad humana -que engloba los procesos de migración laboral, migración interna, trata, tráfico y refugio- solicitamos a los Estados que adopten decisiones estratégicas para generar políticas migratorias con enfoque de derechos en el marco del Diálogo Social, Trabajo Decente y los procesos de integración regional. En este sentido las organizaciones sindicales presentes solicitamos la necesidad de introducir en los países iberoamericanos el análisis del fenómeno migratorio como una decisión estratégica alineada con los procesos de desarrollo. Los Estados deben crear condiciones productivas para ejercer el derecho primigenio a “no migrar” y al retorno de los emigrados, así como apelar a todos los instrumentos internacionales vigentes para asegurar que sus ciudadanos con radicación en el exterior no sean sujetos de violaciones fragrantes a su condición humana.
Consideraciones Finales
Reiteramos la importancia del escenario de Iberoamérica para la concreción e implementación de instrumentos como el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad en el Trabajo (EISST), que en este momento de crisis pueden convertirse en mecanismos para minimizar los efectos negativos para los/as trabajadores/as. Ratificamos nuestro compromiso con la aplicación de dichos instrumentos en la región.
El movimiento sindical Iberoamericano expresa su convicción respecto del papel de las organizaciones sindicales como actores claves para la defensa y promoción de la democracia y el dialogo social. En tal sentido demanda de los gobiernos de la región el mantenimiento de los espacios adecuados para que dicho papel sea posible de llevar a cabo.
Finalmente solicitamos a los/as Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno y a la Secretaria General Iberoamericana facilitar las condiciones para la realización del III Encuentro Sindical Iberoamericano en el 2012, como uno de los espacios de participación de los/as trabajadores/as en el marco de las Cumbres Iberoamericanas.
Resumen
