DECLARACIÓN FINAL DEL FORO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS AMÉRICAS

Declaración Final del Foro de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas‏
Declaración final ante la V Cumbre de las Américas
Declaración Final del Foro de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. La misma fue entregada a los Cancilleres de la Cumbre de las Américas, por una delegación sindical encabezada por la Presidenta de la CSA, Linda Chávez-Thompson y el Secretario General de la CSA, Víctor Báez Mosqueira, junto a una representación de organizaciones sindicales de todo el continente.
Declaración
Nosotros/as, sindicalistas de las Américas, representantes de más de cincuenta millones de trabajadores y trabajadoras de todo el continente, reunidos en Port of Spain, Trinidad y Tobago, los días 15 y 16 de abril de 2009, antes de la realización de la V Cumbre de Presidentes de las Américas y posterior a la reunión del G-20 en Londres, declaramos:
La crisis actual agudiza la crisis de justicia distributiva
Los últimos meses han sumergido a nuestra región y al mundo en una nueva crisis que es peor que la gran depresión de los años treinta y es “diferente” por su profundidad y magnitud. El hecho de ocurrir simultáneamente con otras crisis: alimentaria, energética, social y ambiental, nos habla de un riesgo sistémico global. Como siempre, los primeros y más afectados son las mujeres, los/as jóvenes, los/as trabajadores/as en general, más intensamente aquéllos de la economía informal y los/as migrantes. Como efecto, también se ha profundizado una crisis social, impactando mayormente en las mujeres, dificultando el acceso al empleo, ampliando las brechas salariales y recortando la inversion en salud, educación y en políticas públicas universales, reemplanzando el empleo formal por la sub-contratación y la flexibilización laboral, ocasionando una crisis a los sistemas de seguridad social y de la protección social en general.
En su análisis premonitorio de esta crisis, el sindicalismo internacional ya ha destacado la existencia de una “crisis de justicia distributiva” (o crisis de desigualdad), es decir la desarticulación entre aumento de salarios y aumento de la productividad que afecta seriamente la vigencia de derechos humanos fundamentales tales como vivir en un medio ambiente sano, con educación, con salud, con protección social y seguridad alimentaria.
Finalmente, la crisis ya está ocasionando un reflujo migratorio desde los países de destino en el Norte a los países de origen en el Sur, así como una fuerte reducción de las remesas, impactando a millones de personas trabajadoras y sus familias.
Las crisis ambiental, energética y alimentaria
La Confederación Sindical Internacional (CSI) ha señalado que no se puede negar a los países del Sur el derecho al desarrollo y que, al mismo tiempo, los recursos naturales del planeta no permiten extender el modo de consumo de los países industrializados a toda la población mundial. A todo esto se suman los efectos del cambio climático y la evidencia de que las desigualdades sociales quedan expuestas de forma abierta ante sus impactos negativos ya que son los pobres quienes los sufren de forma más descarnada.
Por eso creemos que, sobretodo en el Norte, el fracaso del sistema neoliberal llama a un cambio en el modelo de producción y consumo que permita un desarrollo sustentable que respete los valores 2 de justicia social y de multiculturalidad. Eso implica, también, reformular la matriz energética hacia fuentes limpias y renovables de energía. La actual baja del precio del petróleo (una evidencia clara de que se especulaba fuertemente con relación a su precio antes de la crisis) no debe ser motivo para que se deje de buscar esas fuentes alternativas.
En cuanto a la crisis alimentaria, aún cuando la baja de precios de los commodities agrícolas tienden a reducirla, se mantienen activos tres aspectos negativos que han incidido en ella: el sobreconsumo en el Norte, la financierización del mercado global de alimentos y el inadmisible control y manejo genético de semillas por empresas transnacionales. Estos elementos, junto con el modelo concentrado del agronegocio de exportación, opuesto a políticas de reforma agraria, amenazan la supervivencia de la población campesina y el aumento del nivel de vida vía consumo de alimentos en los países pobres.
Para el sindicalismo de las Américas la mayor responsabilidad por esta crisis es de los gobiernos de las potencias mundiales, quienes modelaron el mundo que quebró el año pasado, a través de su poder político y económico, y de las instituciones internacionales que fueron utilizadas o neutralizadas por éstos, reflejando los intereses de las transnacionales, lo cual también llevó a elevados niveles de corrupción e impunidad. Responsabilizar solamente a los banqueros es negar la responsabilidad de quienes debieron regular el mercado financiero. Culpar sólo a los industriales y a los consumidores por el desborde de la capacidad del planeta, es negar la responsabilidad de quienes debieron haber limitado hace tiempo este tipo de producción y consumo y debieron haber orientado hacia otro modelo de desarrollo.
El “Consenso de Londres” del G-20 no está a la altura de las circunstancias
El sindicalismo internacional ha alertado desde hace años sobre la crisis del capitalismo de hegemonía financiera que evita dar créditos a las actividades productivas, para dedicarse a la especulación improductiva. Recientemente el movimiento sindical ha consensuado respuestas a las declaraciones ante las Cumbres del G-20 en Washington y Londres, así como la declaración “No a la economía casino” en el Foro Social Mundial de Belem, que constituyen una propuesta integral en relación a la crisis.
Pese a nuestras expectativas sobre la posibilidad de un nuevo multilateralismo emergente como respuesta a la crisis, observamos que las dos Cumbres del G-20 no estuvieron a la altura de las circunstancias. La regulación financiera, que el mundo demanda, no alcanzó el nivel que incluso algunos gobiernos consideran necesario, acordándose solamente un Consejo de Estabilidad Financiera con funciones básicamente de supervisión. Salvo las medidas respecto de los fondos de alto riesgo, los paraísos fiscales, las calificadoras de riesgo y los propios bancos, las demás son puntuales y limitadas. Un ejemplo de esto son las resoluciones adoptadas respecto a los bonos a los ejecutivos, ya que no se le pone límites a este tipo de remuneración. Profunda decepción nos ha causado también la tentativa de rescate a instituciones financieras que son el paradigma del modelo neoliberal que fracasó con esta crisis. Por eso es un equívoco poner al Fondo Monetario Internacional (FMI) en el centro coordinador, financiador y fiscalizador del proceso, como garante de la salvación del sistema financiero, sin que se establezcan nuevos criterios que modifiquen sus condicionalidades, ni exista una crítica profunda sobre su responsabilidad por la implementación de políticas que desarmaron a los Estados y gobiernos, deteriorando su capacidad de control económico y dejando que los mercados destruyeran la capacidad soberana de establecer políticas públicas.
Consideramos fundamental la defensa de los países del Sur referente a la importancia de los programas expansivos y el énfasis que le dan a la regulación del sistema financiero. Pero nos sorprende amargamente que, todavía, los recursos prometidos estén especialmente dirigidos a los paises del Norte, con una baja asignación específica para los países del Sur (alrededor del 10%). Asimismo, la promesa de un cambio en el sistema de voto del FMI y Banco Mundial deberá esperar, para ver si se concreta.
En el campo comercial, la exhortación del G-20 a terminar la Ronda de Doha con base en los acuerdos ya alcanzados el año pasado, nos preocupa mucho, pues esto abre una nueva posibilidad para el bloque de países que proponían un enfoque desequilibrado e insatisfactorio a los países del Sur y emergentes.
Finalmente, destacamos el lugar otorgado al mundo del trabajo en la Declaración de Londres, reconociendo la necesidad de crear empleos y poner a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un papel de evaluadora de la cuestión laboral de las políticas del G-20.
La V Cumbre de las Américas debe aprobar cambios
Esta V Cumbre trae consigo una gran expectativa de la opinión pública en general y del movimiento sindical de toda la región en particular, no sólo por la madurez de varios gobiernos progresistas latinoamericanos y la asunción de una nueva administracion en EE.UU., sino porque se trata de una oportunidad hemisférica para abordar el problema de la crisis. Desde la perspectiva sindical, es también importante el hecho de que esta Cumbre es la primera luego de la derrota del ALCA durante la Cumbre de Mar del Plata, en el año 2005. Sin embargo, el borrador de la declaración no refleja la sensibilidad política hacia esta realidad. Se trata de “un documento más” que sólo introduce un breve párrafo genérico en el que los gobiernos se manifiestan decididos a reforzar la cooperación y trabajar juntos para restaurar el crecimiento mundial y lograr las reformas necesarias en los sistemas financieros mundiales.
No hay propuestas de políticas concretas de coordinación regional y acciones para la efectiva mejoría de la calidad de vida y empleo de las personas. El documento debería partir de las decisiones del G 20 y avanzar mucho más, principalmente para dar un vuelco a las orientaciones económicas, políticas y sociales en la región.
Por otro lado, parece ocultarse el hecho de que muchos países aún estimulan y negocian tratados de libre comercio (TLC). Como hemos visto en experiencias nacionales como la mexicana o chilena, no conducen al desarrollo de las economías de los más débiles ni a la mejora de la calidad de vida de los y las trabajadoras de las economías más fuertes. Estos intentos de mantener el sistema se hacen fundamentalmente a costa de la vida de las mujeres, el despido masivo, los recortes del gasto público en las áreas sociales y la reafirmación del modelo productivo y de desarrollo que impacta directamente a éstas, en tanto que aumenta el trabajo de reproducción y sustentabilidad. Los TLC se erigen como una firme amenaza e incluso atentan contra la integridad y el avance de procesos de integración regional que, sin dudas, por ser más igualitarios, podrían conducir a soluciones alternativas a la crisis. Tenemos certeza absoluta de que una de las maneras de avanzar hacia este modelo de desarrollo en las Américas es a través del fortalecimiento y la profundización de los procesos de integración regional como forma coordinada, complementaria y solidaria para que los países miembros fortalezcan sus economías y brinden bienestar a sus sociedades. No tenemos dudas de que la integración debe ir más allá del plano comercial. Es por este motivo que desde hace más de 15 años, el sindicalismo de las Américas se opone a las negociaciones de simples acuerdos de libre comercio o libre inversión y demanda la revisión de los acuerdos vigentes que, como lo advertiéramos, han traído pesares a nuestros pueblos.
Las trabajadoras y los trabajadores de las Américas tenemos propuestas
Hace casi cuatro años que el movimiento sindical, junto a otros movimientos sociales, se movilizó ante la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata, contra el ALCA y en defensa de la Plataforma Laboral de las Américas (PLA), un documento amplio de políticas públicas para promover un “desarrollo sostenible con trabajo digno”. La propuesta de la PLA cobra hoy una relevancia y urgencia especial para el modelo de desarrollo sostenible (o sustentable) que integra las dimensiones social, económica, ambiental, política y cultural, en un marco de justicia intra e intergeneracional, la única respuesta adecuada a las múltiples crisis que presenta la actual coyuntura mundial. Es decir, un desarrollo con justicia social, con distribución de la riqueza, con preservación del ambiente, con equidad de género, con protección de la salud, con democracia participativa, con respeto por la diversidad, con equidad entre naciones y entre generaciones.

En lo inmediato, y como respuesta a la crisis, consideramos esencial tener en cuenta los siguientes aspectos:
Multilateralismo y nueva institucionalidad global
- La defensa del multilateralismo es clave. Se debe establecer normas justas en materia de comercio internacional, reforzar mecanismos de aplicación de los derechos laborales, para contribuir al desarrollo de los países y a la reducción de las desigualdades entre las naciones. El nuevo multilateralismo debe priorizar el tema del trabajo.
- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es el ámbito natural del debate de esta crisis y como tal se la debe fortalecer. Nos parece importante la propuesta de creación de un Consejo Económico Global con nivel equivalente al Consejo de Seguridad, para definir diretrices concretas para la solución de la crisis.
- Este es el momento para se retomar el debate sobre la “tasa Tobin” y los mecanismos de control de la circulación monetaria y financiera en el mundo, para contener y evitar la especulación y poner un fin a los paraísos fiscales. Se debe favorecer nuevos servicios financieros para la economía solidaria.
- Es importante corregir la profunda deficiencia causada por la desestructuración de los servicios públicos que han perdido su capacidad de ejercitar las funciones de regulación y control que hubiesen evitado la crisis en caso de haber hecho sus deberes de acuerdo con la ley, y de forma justa y profesional. Es importante que los gobiernos inviertan en los servicios públicos de forma tal que pueda ofrecer servicios públicos de calidad, y éstos estén dotados de los recursos necesarios.
Blindaje social, empleos decentes y sustentabilidad del planeta
- En el plano social, se necesita un blindaje social, amparado en políticas públicas y en fortalecimiento del rol del Estado en la economía.
- Es necesario asegurar que la nueva arquitectura mundial para el desarrollo integre plenamente la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres sobre las bases de los compromisos asumidos internacionalmente. De acuerdo a la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, en su párrafo 20, “Los Estados se comprometen a promover la igualdad entre los sexos y la autonomía económica de las mujeres como medios eficaces de combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y estimular un desarrollo verdaderamente sustentable”. La formulación de este objetivo implica el reconocimento de que sólo en la medida en que se contemple las necesidades y realidades diferenciales de hombres y mujeres, será posible disminuir la situación de desigualdad alarmante que presenta el continente, fortaleciendo la democracia y la paz social.
- La CSI propone un plan de recuperación y crecimiento sostenible, centrado en una política de inversión pública orientada al desarrollo social y a la creación de empleo. En ese sentido, se debe priorizar la creación de infraestructura productiva y social, incluyendo la mejora de los servicios públicos para todos y todas.
- Es fundamental el aumento del ingreso de los sectores bajos y medios; políticas focalizadas en los grupos más afectados: jóvenes, mujeres, migrantes, adultos mayores, personas con necesidades especiales, pueblos originarios, trabajadores temporarios, sub-empleados y a tiempo parcial. Se insiste también en el derecho de los/as trabajadores/as a formar sindicatos libres, a elegir delegados/as y a negociar colectivamente, poniendo especial énfasis en la redistribución de beneficios.
- Apoyamos la iniciativa de la OIT de, a través de un Pacto Mundial para el Empleo, debatir la creación de un Fondo Global de Empleo que lleve en cuenta la asimetría de capacidad fiscal existente entre países en desarrollo y desarrollados.
- Más que nunca es necesario defender la vigencia de las Normas Fundamentales del Trabajo, especialmente la libertad sindical y la negociación colectiva, y acompañar a la OIT en sus posibilidades de acción ante la crisis, incluyendo la creación del Foro y su participación en el G-20.
- Reafirmamos la importancia de la ratificación e implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, para invalidez, vejez y supervivencia. Ya existe un convenio similar vigente (desde 2005) en el Mercosur, lo que podrá servir de referencia para que se avance en su aplicación en el continente. - Valoramos también el acuerdo del Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC) al considerar que la crisis ambiental debe tomar en cuenta el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
- El movimiento sindical internacional hace un llamado a dar cumplimento con lo acordado en la X Conferencia sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada en Quito 2007. No aceptamos que la crisis conlleve a retrocesos en lo que se pudo avanzar en la igualdad de género con relación a la participación de la mujer en el mundo del trabajo. El movimiento sindical internacional hace un llamado a dar cumplimiento con lo establecido en el concepto de la ONU con respecto a la adopción de medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres, y de reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias y de los países.
- Nos oponemos fuertemente y condenamos a toda forma de violencia contra la mujer. También denunciamos y condenamos toda forma de discriminación y violencia basada en prejuicios raciales. - Exigimos, sobretodo en ese contexto de crisis, la urgente aplicación de la moratoria para la deuda ilegitima de los países en desarrollo. - Por fin, reconocemos los cambios políticos por los cuales vienen pasando muchos de nuestros países, con la elección de gobiernos progresistas de diferentes expresiones, pero reafirmamos que los gobiernos deben retomar los procesos de Diálogo Social, profundizar la transparencia, la democracia y garantizar la participación social y ciudadana en los espacios de debate de solución a la crisis.
Llamado a la acción
El movimiento sindical exige políticas concretas de los gobiernos de la región para que se materialicen las propuestas que están siendo debatidas. Demandamos espacios de participación a nivel nacional e internacional para presentar nuestras propuestas. En ese sentido es imprescindible establecer más y mejores mecanismos de consulta entre los gobiernos y el movimiento sindical.
Vemos con expectativa el proceso político norteamericano, donde el nuevo presidente se comprometió a presentar al sindicalismo no como un problema sino como una parte de la solución de la crisis. Apoyamos con energía la aprobación de la Ley de Libre Elección de Empleados (EFCA), que defiende el derecho de los/as trabajadores/as norteamericanos a organizarse libremente y a negociar colectivamente, evitando la intromisión empresarial en la organización de los/as trabajadores. Esto, además de contribuir al fortalecimiento de la economía norteamericana, tendrá implicancias positivas en el escenario internacional y de las Américas. Saludamos la reciente decisión del gobierno Obama de permitir a los estadounidenses que viajen a Cuba y que envien dinero a ese país, así como la medida de establecer conexiones de fibra óptica y satélite con la isla, y la ampliación de la lista de productos humanitarios que podrán ser exportados hacia la misma. Es también esperanzadora la misión recientemente realizada por congresistas de EE.UU. a Cuba. Estos pasos positivos deberán desembocar en el cese definitivo del embargo a Cuba, que es demandado desde hace décadas por el sindicalismo de las Américas.Como parte del movimiento sindical internacional reivindicamos que, en la proxima cumbre del G- 20, se aprueben acciones y cambios efectivos en la regulación de la economía mundial. En el plan financiero se debe apoyar la creación de instituciones regionales de regulación y monitoreo de la actividad financiera, y profundizar el proceso de fortalecimiento del Banco del Sur, del Banco Centroamericano para Integración Económica, y otros.
Esperamos y demandamos que las prioridades de las decisiones del G-20 y otros órganos multilaterales sean el cambio de las políticas que originaron la crisis, el combate a sus efectos y la consolidación de un multilateralismo volcado a la equidad social, al trabajo decente con salario digno y al desarrollo sustentable.
Convocamos a los/as trabajadores/as de las Américas a movilizarse: el 1º de Mayo, Día Internacional de los/as Trabajadores/as y Movilización frente a la Crisis; el 7 de Octubre, Jornada Mundial por el Trabajo Decente frente a la Crisis; y el 25 de Noviembre, Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer.
¡POR LA VIGENCIA DE LA LIBERTAD SINDICAL Y DE LA NEGOCIACION COLECTIVA!
¡POR UN BLINDAJE SOCIAL! ¡POR LA APLICACION DE LA PLATAFORMA LABORAL DE LAS AMERICAS!
Port of Spain, 16 de abril de 2009.