Actualidad del Velasquismo
Por Alberto Adrianzén M. (*)
En La República, Sábado, 18 de Octubre 2008
Hace dos semanas se cumplieron 40 años del golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado y del llamado proceso revolucionario de las FFAA. Sin embargo, creo que el debate en torno a un evento tan importante no se reduce, ni se puede reducir, a la condena o aprobación de este hecho político. Y si bien el pensamiento que podemos llamar progresista ha hecho intentos serios por darle un nuevo sentido al velasquismo en estos días –no en vano han pasado 40 años–, la derecha sigue anclada en un discurso que prioriza la condena a la explicación, que niega la complejidad e importancia de dicho proceso; en particular, su carácter transformador y, diríamos, fundacional. Porque eso fue, finalmente, el velasquismo, un intento de refundar el país como hoy sucede en otros países de la región andina.
El velasquismo puede, por ello, ser definido como un "reformismo estatal" de naturaleza antioligárquica, que buscó fundar un "nuevo orden". En ese sentido, no nace de un "pacto social" sino, por el contrario, de un acto de fuerza autoritario; esto es, de la ruptura de un régimen oligárquico en crisis para, a partir de ello, proponerle a la sociedad un pacto que puede ser definido como fundacional. Dicha propuesta suponía la constitución de un nuevo consenso básico que incorporaba a los nuevos contingentes sociales y así construir un nuevo pueblo. Fue su naturaleza autoritaria lo que llevó al velasquismo, finalmente, al fracaso.
También puede ser calificado como una "revolución política", entendida esta como la separación radical entre el poder político y la propiedad, más específicamente la propiedad de la tierra. Ello conduce, siguiendo a Marx, a poner fin a la exclusión del individuo del conjunto del Estado. En una estructura en la que el poder y propiedad (de la tierra) están ligados estrechamente y en el que aquel emana de esta, el poder del Estado es "incumbencia especial de un señor disociado del pueblo y de sus servidores" (Marx, 1967). La revolución política, en ese sentido, eleva "los asuntos del Estado a asuntos del pueblo", es decir, constituye al Estado "como incumbencia general", de todos, destruyendo privilegios que separan al pueblo de la comunidad. En este contexto
el triunfo de Belaúnde en 1980 para estos nuevos sectores, que fueron en gran medida los que lo llevaron a la presidencia, debió ser expresión de un régimen democratizador y no restaurador, como lo fue en la práctica, sobre todo en el plano de la economía. La "revolución política" que inició el velasquismo continuó entonces siendo una promesa.
Así, en la década de 1980, bajo el régimen democrático, dos temas emergieron con mucha fuerza: por un lado, el de la inclusión política, más concretamente, la participación de este nuevo "pueblo", en los asuntos públicos lo que suponía una renovada interacción entre partidos y ciudadanía; y por otro, la necesidad de un nuevo Estado que los representara y asumiera. El fracaso de los partidos en incluir políticamente a estos nuevos sectores por razones distintas (la violencia política, la crisis económica, la crisis de la izquierda y del APRA, etc.), pero también el fracaso en construir un nuevo Estado inclusivo y representativo, tuvo como colofón la crisis del régimen político (democrático) creado en los 80 y la instauración posterior de un régimen autoritario que prometerá a estos sectores excluidos, incluirlos e, igualmente, representarlos sobre la base de un nuevo pacto (autoritario) y de un nuevo Estado. No es extraño que desde los años 80 tengamos a un "pueblo peruano" que, como los judíos, camina errante por el desierto (de la política) buscando un líder que cumpla esta promesa: Belaúnde, Barrantes, García, Fujimori, Toledo, etc.
De ahí que podamos afirmar que uno de los grandes problemas en el país es cómo crear simultáneamente un nuevo concepto (y sujeto) de pueblo (mayoría política representada) y un nuevo Estado, para que el primero dote de una nueva legitimidad a ese nuevo poder político (Estado) que dice representarlo. Dicho en otros términos, cómo (re)procesamos un acto refundacional que sea al mismo tiempo un momento de inclusión social y política (nuevas mayorías) y de creación de un nuevo Estado democrático (institucionalidad).
"La alegría no es enemiga del rigor científico"
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Hace dos semanas se cumplieron 40 años del golpe de Estado del general Juan Velasco Alvarado y del llamado proceso revolucionario de las FFAA. Sin embargo, creo que el debate en torno a un evento tan importante no se reduce, ni se puede reducir, a la condena o aprobación de este hecho político. Y si bien el pensamiento que podemos llamar progresista ha hecho intentos serios por darle un nuevo sentido al velasquismo en estos días –no en vano han pasado 40 años–, la derecha sigue anclada en un discurso que prioriza la condena a la explicación, que niega la complejidad e importancia de dicho proceso; en particular, su carácter transformador y, diríamos, fundacional. Porque eso fue, finalmente, el velasquismo, un intento de refundar el país como hoy sucede en otros países de la región andina.
El velasquismo puede, por ello, ser definido como un "reformismo estatal" de naturaleza antioligárquica, que buscó fundar un "nuevo orden". En ese sentido, no nace de un "pacto social" sino, por el contrario, de un acto de fuerza autoritario; esto es, de la ruptura de un régimen oligárquico en crisis para, a partir de ello, proponerle a la sociedad un pacto que puede ser definido como fundacional. Dicha propuesta suponía la constitución de un nuevo consenso básico que incorporaba a los nuevos contingentes sociales y así construir un nuevo pueblo. Fue su naturaleza autoritaria lo que llevó al velasquismo, finalmente, al fracaso.
También puede ser calificado como una "revolución política", entendida esta como la separación radical entre el poder político y la propiedad, más específicamente la propiedad de la tierra. Ello conduce, siguiendo a Marx, a poner fin a la exclusión del individuo del conjunto del Estado. En una estructura en la que el poder y propiedad (de la tierra) están ligados estrechamente y en el que aquel emana de esta, el poder del Estado es "incumbencia especial de un señor disociado del pueblo y de sus servidores" (Marx, 1967). La revolución política, en ese sentido, eleva "los asuntos del Estado a asuntos del pueblo", es decir, constituye al Estado "como incumbencia general", de todos, destruyendo privilegios que separan al pueblo de la comunidad. En este contexto
el triunfo de Belaúnde en 1980 para estos nuevos sectores, que fueron en gran medida los que lo llevaron a la presidencia, debió ser expresión de un régimen democratizador y no restaurador, como lo fue en la práctica, sobre todo en el plano de la economía. La "revolución política" que inició el velasquismo continuó entonces siendo una promesa.Así, en la década de 1980, bajo el régimen democrático, dos temas emergieron con mucha fuerza: por un lado, el de la inclusión política, más concretamente, la participación de este nuevo "pueblo", en los asuntos públicos lo que suponía una renovada interacción entre partidos y ciudadanía; y por otro, la necesidad de un nuevo Estado que los representara y asumiera. El fracaso de los partidos en incluir políticamente a estos nuevos sectores por razones distintas (la violencia política, la crisis económica, la crisis de la izquierda y del APRA, etc.), pero también el fracaso en construir un nuevo Estado inclusivo y representativo, tuvo como colofón la crisis del régimen político (democrático) creado en los 80 y la instauración posterior de un régimen autoritario que prometerá a estos sectores excluidos, incluirlos e, igualmente, representarlos sobre la base de un nuevo pacto (autoritario) y de un nuevo Estado. No es extraño que desde los años 80 tengamos a un "pueblo peruano" que, como los judíos, camina errante por el desierto (de la política) buscando un líder que cumpla esta promesa: Belaúnde, Barrantes, García, Fujimori, Toledo, etc.
De ahí que podamos afirmar que uno de los grandes problemas en el país es cómo crear simultáneamente un nuevo concepto (y sujeto) de pueblo (mayoría política representada) y un nuevo Estado, para que el primero dote de una nueva legitimidad a ese nuevo poder político (Estado) que dice representarlo. Dicho en otros términos, cómo (re)procesamos un acto refundacional que sea al mismo tiempo un momento de inclusión social y política (nuevas mayorías) y de creación de un nuevo Estado democrático (institucionalidad).
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