29/07/2011 08:53 am
Entrevista / Dick Guanique, directivo de la CTV
"En la mayoría de las empresas expropiadas, los trabajadores pierden sus derechos laborales"
El coordinador del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) considera que las expropiaciones a las industrias básicas han empeorado la calidad laboral de sus trabajadores. El Estado, como nuevo patrono, dejó de velar por los derechos de sus empleados
Andrea Montilla Kauefati / www.correodelavila.com
La fragmentación política ha hecho mella dentro del movimiento laboral. Actualmente, el rumbo de los sindicatos parece incierto y luce precario para el actual directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Dick Guasalariosnique. El también coordinador del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) hace una advertencia: el Estado, lejos de garantizar la inviolabilidad de los derechos laborales, permite el atropello de los empleados de las industrias básicas, ahora a través del sicariato contra líderes de este sector.
Trabajadores desunidos
—Usted ha dicho que el movimiento sindical venezolano está obligado a reconstruirse. ¿Por qué?
—El movimiento sindical venezolano está muy dividido. Afronta una nueva situación de relaciones laborales en el país: el diálogo entre los patronos públicos y los trabajadores está totalmente roto; las decisiones sobre las reivindicaciones de los trabajadores, generalmente, las toma de manera unilateral el patrón ejecutivo; no hay un proceso de debate y de conciliación que permita establecer acuerdos entre los empleadores, el Estado y los trabajadores.
—¿De qué manera se debería empezar a reconstruir el movimiento sindical?
—El movimiento sindical reclama tener una dirección única que pueda obligar al patrón a negociar. La cantidad de acusaciones que arrastra —como cuando dicen que los sindicalistas son patronales, que dependen más de los intereses partidistas, que defienden mucho más los intereses de los patronos, etc.— implica una reconstrucción del movimiento. En la medida en que haya unión, se tiene un tipo de sindicalismo acorde con las nuevas relaciones laborales.
Es que no puede haber un sindicalismo oficialista y uno opositor. Pero hoy en día, el signo fundamental para estar en un sindicato es estar a favor del régimen de turno y de que no se discutan las contrataciones colectivas. La fórmula de que sea el sindicato mayoritario el que discuta la contratación colectiva no es la ley, sino que el patrón debate con el que más le favorece.
—¿Cuántos sindicatos existen en Venezuela actualmente?
—En el año 2000, el Consejo Nacional Electoral determinó que en Venezuela había mil 600 sindicatos. Actualmente hay más de 4 mil. Pero hay una cosa que es más importante que eso: en el año 2001 estaban afiliados 2 millones 100 mil trabajadores. En la actualidad no llega a un millón de afiliados. Hay más división y más debilidad que organización. Las Inspectorías del Trabajo son las que más promueven este tipo de política. Generan cualquier tipo de sindicato, sobre todo si son “rojos-rojitos”.
—¿Entonces el sindicalismo ha perdido fuerza política en el país?
—Indudablemente que sí. El sindicalismo, además, reclama la construcción de una política de clase que defienda los derechos de los trabajadores. Por eso los sindicatos están a la deriva. Las confederaciones están arrinconadas y escondidas en sus sedes. Es verdad que en Venezuela la clase obrera es el sector más minoritario, porque cuando hablamos de clase obrera nos referimos al sector de los trabajadores industriales. Y como la industria venezolana está constreñida, la clase obrera venezolana es pequeña. Se habla de seis mil empresas pequeñas y medianas que han quebrado en los últimos 10 años.
Socialismo como solución
—¿En qué consisten el “control obrero” y los “consejos laborales”?
—Son prácticamente lo mismo. Cumplen las mismas funciones. Uno actúa directamente en la administración y el otro en el tema político-partidista. Ambas cosas terminan cayendo en algo que ha sido cuestionado en el sindicalismo, que es el tema de la corrupción sindical y, además, en el abandono a los derechos de los trabajadores para colocarse en posturas de defensa del patrón o ponerse en condición de propietario.
—El pasado 27 de julio, el movimiento del control obrero manifestó en la Asamblea Nacional solicitando declarar en emergencia al estado Bolívar, debido a las dificultades operativas que enfrentan las empresas básicas.
—Yo conozco el tema de Alcasa. 34 días paralizada. Esa es una empresa que está prácticamente quebrada, que le está produciendo pérdidas al país y que no avanza en el desarrollo económico. El caso de Sidor, que estaba en franco desarrollo, pero que hoy necesita inversión y auxilio financiero. El caso mismo de la industria petrolera, que se sostiene solamente por los altos precios que tiene el barril. Ese experimento de control obrero, que está presente en estas empresas, lo que termina es encubriendo una supuesta labor social, pero que en realidad conduce a la ineficacia y a la quiebra de la mayoría de las empresas.
—¿Un gobierno que se dice socialista puede ser antiobrerista y antisindicalista?
—Un gobierno que se llame socialista tiene que ser un gobierno obrerista, donde los trabajadores participen; porque el socialismo es el régimen de los trabajadores. Donde los obreros no sólo participan en la producción, sino que también participan en las principales decisiones del Estado. Ese “engendro” del consejo obrero no tiene nada que ver con la democracia obrera. Es una expresión más de corrupción. El socialismo tiene que educar a la clase obrera para conducir el Estado; enseñarla a ser autónoma, convertirla en una clase para sí.
—¿Qué efectos han traído las expropiaciones de empresas al sector laboral?
—Yo soy partidario de que el Estado puede ser propietario de las empresas estratégicas del país. No creo que la propiedad privada sea la garantía para que las empresas funcionen, pero sí creo que el Estado debe ser eficiente y garantizar que esas empresas cumplan su función industrial. ¿Pero qué pasa con este régimen actual? En la mayoría de las empresas expropiadas, los trabajadores pierden sus derechos laborales; el nuevo patrono, que es el Estado, no le da continuidad al respeto de los acuerdos establecidos; además, se produce una rotación de personal: botan al que estaba y lo sustituyen por otro nuevo -cuya condición es el clientelismo político-. Como dice el viejo refrán: “Cuando usted ve a las bardas de su vecino arder, ponga las suyas en remojo”. Todo el mundo se asusta.
Hoy en día, el Estado-patrón es el que viola la libertad sindical, el que permite los sindicatos paralelos, el que deja que los patronos ataquen a los trabajadores y el que aprueba el sicariato sindical.
—¿Por qué considera que la propiedad privada no debería controlar las principales empresas del país?
—Estoy convencido de que lo que puede darles bienestar y progreso a los venezolanos es el socialismo, donde la sociedad es propietaria de los medios de producción. Por esa razón, creo que las empresas fundamentales deben estar en manos del Estado. El régimen que tiene 11 años en Venezuela, nada tiene que ver con el socialismo. Este es un gobierno cuya política económica es absolutamente neoliberal: control de cambio, impuesto de todo tipo, inflación incontrolable, quiebra de empresas y falta de inversión en la producción de bienes y servicios.
Salario sigue siendo insuficiente
—En mayo se dio un aumento en el salario mínimo. ¿Sigue existiendo disconformidad al respecto por parte de la CTV? ¿Acaso es imposible eliminar esa brecha?
—Si tomamos en cuenta que en 2010 la inflación alcanzó 27% y que durante dos años muchos trabajadores no han renovado su contratación colectiva, tendríamos que decir que el salario real de los trabajadores no alcanza para satisfacer las necesidades más inmediatas. Se requeriría, por ejemplo –y lo están planteando los compañeros médicos–, un incremento salarial de 45%. El Estado liberó varios productos de la canasta básica, como la carne, la leche, el arroz, el aceite y la harina. Los seis bolívares, que fueron el aumento real que produjo el incremento de 15% hasta el mes de septiembre, ya se esfumaron.
—¿Cuáles son los índices de desempleo que maneja el Observatorio de Asuntos Laborales?
—Nosotros hemos venido haciendo encuestas y calculamos en 11,6% el índice de desocupación en el país. El Instituto Nacional de Estadística establece que es de 8,7%. En el caso juvenil, el desempleo está por el orden de 26%, entre jóvenes de 17 a 35 años de edad. Anualmente se incorporan al mercado de trabajo 260 mil jóvenes que no consiguen empleo y estos, en muchos casos, terminan yendo hacia el sector de la economía informal.
—¿Cuál es la situación actual de los puestos de trabajo en el sector construcción?
—En Venezuela tenemos más de 800 mil trabajadores especializados en la rama de la construcción. El Estado ha venido estableciendo contratos con diversas empresas trasnacionales, fundamentalmente brasileñas y chinas. En el área de la construcción, nosotros aspiramos a que exista un proceso de reactivación donde se reduzca el nivel de desempleo. Sin embargo, nos causa preocupación porque no vemos que se estén generando fuentes de empleo en estas áreas. Muchas de estas empresas trasnacionales están contratando personal de sus propios países para competir con el trabajador venezolano. Ahí perdemos puestos de empleo.
Andrea Montilla Kauefati / www.correodelavila.com
La fragmentación política ha hecho mella dentro del movimiento laboral. Actualmente, el rumbo de los sindicatos parece incierto y luce precario para el actual directivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Dick Guasalariosnique. El también coordinador del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) hace una advertencia: el Estado, lejos de garantizar la inviolabilidad de los derechos laborales, permite el atropello de los empleados de las industrias básicas, ahora a través del sicariato contra líderes de este sector.
Trabajadores desunidos
—Usted ha dicho que el movimiento sindical venezolano está obligado a reconstruirse. ¿Por qué?
—El movimiento sindical venezolano está muy dividido. Afronta una nueva situación de relaciones laborales en el país: el diálogo entre los patronos públicos y los trabajadores está totalmente roto; las decisiones sobre las reivindicaciones de los trabajadores, generalmente, las toma de manera unilateral el patrón ejecutivo; no hay un proceso de debate y de conciliación que permita establecer acuerdos entre los empleadores, el Estado y los trabajadores.
—¿De qué manera se debería empezar a reconstruir el movimiento sindical?
—El movimiento sindical reclama tener una dirección única que pueda obligar al patrón a negociar. La cantidad de acusaciones que arrastra —como cuando dicen que los sindicalistas son patronales, que dependen más de los intereses partidistas, que defienden mucho más los intereses de los patronos, etc.— implica una reconstrucción del movimiento. En la medida en que haya unión, se tiene un tipo de sindicalismo acorde con las nuevas relaciones laborales.
Es que no puede haber un sindicalismo oficialista y uno opositor. Pero hoy en día, el signo fundamental para estar en un sindicato es estar a favor del régimen de turno y de que no se discutan las contrataciones colectivas. La fórmula de que sea el sindicato mayoritario el que discuta la contratación colectiva no es la ley, sino que el patrón debate con el que más le favorece.
—¿Cuántos sindicatos existen en Venezuela actualmente?
—En el año 2000, el Consejo Nacional Electoral determinó que en Venezuela había mil 600 sindicatos. Actualmente hay más de 4 mil. Pero hay una cosa que es más importante que eso: en el año 2001 estaban afiliados 2 millones 100 mil trabajadores. En la actualidad no llega a un millón de afiliados. Hay más división y más debilidad que organización. Las Inspectorías del Trabajo son las que más promueven este tipo de política. Generan cualquier tipo de sindicato, sobre todo si son “rojos-rojitos”.
—¿Entonces el sindicalismo ha perdido fuerza política en el país?
—Indudablemente que sí. El sindicalismo, además, reclama la construcción de una política de clase que defienda los derechos de los trabajadores. Por eso los sindicatos están a la deriva. Las confederaciones están arrinconadas y escondidas en sus sedes. Es verdad que en Venezuela la clase obrera es el sector más minoritario, porque cuando hablamos de clase obrera nos referimos al sector de los trabajadores industriales. Y como la industria venezolana está constreñida, la clase obrera venezolana es pequeña. Se habla de seis mil empresas pequeñas y medianas que han quebrado en los últimos 10 años.
Socialismo como solución
—¿En qué consisten el “control obrero” y los “consejos laborales”?
—Son prácticamente lo mismo. Cumplen las mismas funciones. Uno actúa directamente en la administración y el otro en el tema político-partidista. Ambas cosas terminan cayendo en algo que ha sido cuestionado en el sindicalismo, que es el tema de la corrupción sindical y, además, en el abandono a los derechos de los trabajadores para colocarse en posturas de defensa del patrón o ponerse en condición de propietario.
—El pasado 27 de julio, el movimiento del control obrero manifestó en la Asamblea Nacional solicitando declarar en emergencia al estado Bolívar, debido a las dificultades operativas que enfrentan las empresas básicas.
—Yo conozco el tema de Alcasa. 34 días paralizada. Esa es una empresa que está prácticamente quebrada, que le está produciendo pérdidas al país y que no avanza en el desarrollo económico. El caso de Sidor, que estaba en franco desarrollo, pero que hoy necesita inversión y auxilio financiero. El caso mismo de la industria petrolera, que se sostiene solamente por los altos precios que tiene el barril. Ese experimento de control obrero, que está presente en estas empresas, lo que termina es encubriendo una supuesta labor social, pero que en realidad conduce a la ineficacia y a la quiebra de la mayoría de las empresas.
—¿Un gobierno que se dice socialista puede ser antiobrerista y antisindicalista?
—Un gobierno que se llame socialista tiene que ser un gobierno obrerista, donde los trabajadores participen; porque el socialismo es el régimen de los trabajadores. Donde los obreros no sólo participan en la producción, sino que también participan en las principales decisiones del Estado. Ese “engendro” del consejo obrero no tiene nada que ver con la democracia obrera. Es una expresión más de corrupción. El socialismo tiene que educar a la clase obrera para conducir el Estado; enseñarla a ser autónoma, convertirla en una clase para sí.
—¿Qué efectos han traído las expropiaciones de empresas al sector laboral?
—Yo soy partidario de que el Estado puede ser propietario de las empresas estratégicas del país. No creo que la propiedad privada sea la garantía para que las empresas funcionen, pero sí creo que el Estado debe ser eficiente y garantizar que esas empresas cumplan su función industrial. ¿Pero qué pasa con este régimen actual? En la mayoría de las empresas expropiadas, los trabajadores pierden sus derechos laborales; el nuevo patrono, que es el Estado, no le da continuidad al respeto de los acuerdos establecidos; además, se produce una rotación de personal: botan al que estaba y lo sustituyen por otro nuevo -cuya condición es el clientelismo político-. Como dice el viejo refrán: “Cuando usted ve a las bardas de su vecino arder, ponga las suyas en remojo”. Todo el mundo se asusta.
Hoy en día, el Estado-patrón es el que viola la libertad sindical, el que permite los sindicatos paralelos, el que deja que los patronos ataquen a los trabajadores y el que aprueba el sicariato sindical.
—¿Por qué considera que la propiedad privada no debería controlar las principales empresas del país?
—Estoy convencido de que lo que puede darles bienestar y progreso a los venezolanos es el socialismo, donde la sociedad es propietaria de los medios de producción. Por esa razón, creo que las empresas fundamentales deben estar en manos del Estado. El régimen que tiene 11 años en Venezuela, nada tiene que ver con el socialismo. Este es un gobierno cuya política económica es absolutamente neoliberal: control de cambio, impuesto de todo tipo, inflación incontrolable, quiebra de empresas y falta de inversión en la producción de bienes y servicios.
Salario sigue siendo insuficiente
—En mayo se dio un aumento en el salario mínimo. ¿Sigue existiendo disconformidad al respecto por parte de la CTV? ¿Acaso es imposible eliminar esa brecha?
—Si tomamos en cuenta que en 2010 la inflación alcanzó 27% y que durante dos años muchos trabajadores no han renovado su contratación colectiva, tendríamos que decir que el salario real de los trabajadores no alcanza para satisfacer las necesidades más inmediatas. Se requeriría, por ejemplo –y lo están planteando los compañeros médicos–, un incremento salarial de 45%. El Estado liberó varios productos de la canasta básica, como la carne, la leche, el arroz, el aceite y la harina. Los seis bolívares, que fueron el aumento real que produjo el incremento de 15% hasta el mes de septiembre, ya se esfumaron.
—¿Cuáles son los índices de desempleo que maneja el Observatorio de Asuntos Laborales?
—Nosotros hemos venido haciendo encuestas y calculamos en 11,6% el índice de desocupación en el país. El Instituto Nacional de Estadística establece que es de 8,7%. En el caso juvenil, el desempleo está por el orden de 26%, entre jóvenes de 17 a 35 años de edad. Anualmente se incorporan al mercado de trabajo 260 mil jóvenes que no consiguen empleo y estos, en muchos casos, terminan yendo hacia el sector de la economía informal.
—¿Cuál es la situación actual de los puestos de trabajo en el sector construcción?
—En Venezuela tenemos más de 800 mil trabajadores especializados en la rama de la construcción. El Estado ha venido estableciendo contratos con diversas empresas trasnacionales, fundamentalmente brasileñas y chinas. En el área de la construcción, nosotros aspiramos a que exista un proceso de reactivación donde se reduzca el nivel de desempleo. Sin embargo, nos causa preocupación porque no vemos que se estén generando fuentes de empleo en estas áreas. Muchas de estas empresas trasnacionales están contratando personal de sus propios países para competir con el trabajador venezolano. Ahí perdemos puestos de empleo.
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