Los 73
Ideele Revista Nº 260
Gerardo Saravia
Editor de la Revista Ideele
Patricia Wiesse
Directora de la Revista Ideele
La nueva mayoría del Congreso es un revoltijo de carne con
madera, un instrumento sin mayores resplandores, un servidor de pasado en copa
nueva. Solo hay que hurgar por encima para encontrar mugre en la uña. Diez de
ellos tienen sentencias judiciales o procesos en curso. Otros tienen entripados
en sus regiones. No han sido los primeros de la clase, ni se les conoce por sus
méritos.
Son demasiadas las preguntas que se quedan en el tintero. Por
ejemplo: ¿Cuánto cuesta un puesto en la lista congresal? ¿Cuán cercano hay que
estar a la cúpula del movimiento?¿Qué hay que hacer para ser uno de los
elegidos?
Algo que queda claro es que no se necesita ser un abnegado militante para
pertenecer al dreamteam. Tampoco se necesita haber tenido experiencia política
previa. La mayoría es independiente. No necesariamente suma puntos el haber
estado comprometido en alguna causa justa o tener arraigo en la comunidad.
¿Cuál es el perfil del congresista fujimorista, si es que lo
hay? Diecinueve de ellos están dentro del rubro empresarial, el comercio y los
negocios. Diecisiete son abogados (la mayoría solo con bachillerato). Nueve son
administradores o con oficios afines. Seis son funcionarios públicos o
autoridades. Veintiuno tienen profesiones diversas, incluido un solitario tenor
de ópera al que le conviene no ejercitar sus cuerdas vocales.
La mayoría posee billeteras gruesas y una gran ambición que
sobrepasa sus credenciales. Los académicos, expertos, intelectuales y artistas
no forman parte del universo fujimorista. (Los únicos que podrían clasificar
como tales son el exrector de la Universidad del Altiplano, cuya condecoración
es una sentencia condenatoria por alimentos, y el tenor Petrozzi).
Además, no todos los elegidos tienen credenciales
intachables. Las hojas de vida arrojan información que deja dudas y en otros
casos confirma chanchullos. En Tumbes, el congresista electo Juan Carlos Yuyes
es un conocido empresario, pero solo registra ingresos anuales por siete mil
soles. En Piura, Maritza García defendió a una persona ligada a la
comercialización de drogas. Lo que levanta sospechas es que la gente de su
propio movimiento quiso tacharla de la lista. En Lambayeque, el reelecto Héctor
Becerril tiene dos sentencias por alimentos, una terminó en transacción
judicial. En La Libertad, Luis Yika tiene un fallo condenatorio por alimentos.
Además, declaró discapacidad física para condonar una deuda que tenía con el
Banco de Materiales. En la provincia de Lima, la estilista Gladys Andrade
ostenta el título de esposa del alcalde de Chancay. En El Callao, Víctor
Albrecht, la mano derecha de Alex Kouri, tiene abierta una investigación por
peculado en la fiscalía anticorrupción. En Ica, César Segura, presidente de la
Cámara de Comercio de ese departamento, tiene cuatro procesos penales en curso:
dos de ellos por apropiación ilícita, uno por lesiones graves y uno por
homicidio culposo en tanto apoderado legal de Soyuz y Perú Bus. Además, figura
en el registro de deudores de reparaciones civiles en agravio del Estado. En
Tacna, Guillermo Martorell registra un proceso por concusión contra la
administración pública.
La lista es larga. En Ancash, la abogada María Cristina
Melgarejo fue militante de la agrupación de César Álvarez, el expresidente
regional acusado de corrupción y homicidio calificado, que actualmente está
preso. Y Yesenia Ponce es una gerente general que no tiene propiedades, pero sí
una camioneta valorizada en 170 mil soles y una sentencia condenatoria en
materia laboral, dictada por la Corte Superior de Trujillo. En Ayacucho,
MikiDipas, exalcalde de Pichari, tiene dos procesos penales y un proceso civil
en curso, además de una sentencia por alimentos. En Cajamarca, Osías Ramírez,
hermano del actual secretario general de Fuerza Popular, fue incorporado en la
investigación que se le sigue su hermano Joaquín Ramírez por lavado de activos.
El crecimiento de la fortuna familiar es tan impresionante que hace dos años la
procuradora Julia Príncipe les puso el ojo encima.
En Junín, la abogada Sonia Echevarría registra un fallo
condenatorio en materia contractual. Y Federico Pariona fue suspendido por
haber mentido en su hoja de vida. En Pasco, el ingeniero de transportes, Roy
Ventura, afronta tres investigaciones fiscales por colusión, usurpación y
peculado. En Apurímac, Dalmiro Palomino no incluyó en su hoja de vida la
sentencia emitida el 2004 por estafa, y por la que obtuvo dos años de prisión
suspendida. En Puno, Lucio Ávila, el exrector de la Universidad del Altiplano,
tiene una sentencia condenatoria por alimentos.
Continúa. En Amazonas, Miguel Castro fue denunciado por haber
incorporado información falsa en su hoja de vida. Y Marita Herrera, gerente de
dos empresas constructoras, ha dejado una obra inconclusa en el Río Santiago.
En Loreto, Patricia Donayre ha migrado de partido en partido. Este es el cuarto
por el que se presenta. Una muestra de cómo se puede hacer de la política un
trampolín. En San Martín fue elegida Esther Saavedra, exnacionalista y fiel
escudera de Nancy Obregón, la dirigente cocalera que está actualmente en
prisión. En Madre de Dios, Modesto Figueroa ha sido denunciado por mentir en su
hoja de vida, una nadería si se considera que la fiscalía le ha abierto una
investigación por lavado de activos.
Avalancha fujimorista
El comportamiento del fujimorismo en el nuevo Congreso dependerá de los
resultados electorales. Es diferente ser gobierno que ser oposición. Si ganan
van a tratar de presentarse como un bloque compacto. El Ejecutivo, a través de
José Chlimper, intentará disciplinarlos y alinearlos detrás de sus propuestas
que responden a los intereses de los grupos que él representa. Al exministro de
Agricultura fujimorista le conviene que se respete la democracia, que el
movimiento se maquille, porque de la imagen que proyecte el país dependen
varios de sus negocios agroexportadores. Por eso ha declarado que hará suyo un
documento presentado por Transparencia que propone una agenda al nuevo
Congreso.
Además, Chlimper pretende devolverle protagonismo a su
bancada, bastante venida a menos y tan desprestigiada que, como él mismo ha
declarado, “desde el gobierno de Toledo hasta ahora, todos los grupos
parlamentarios se juntaban contra el fujimorismo, escogían sus comisiones y nos
dejaban las que nadie quería”. Sostiene que ahora la situación va a cambiar,
que promoverá la repartición de grupos de trabajo de forma ordenada y
proporcional al número de congresistas de las demás bancadas.
El peligro acecha. Con esa mayoría absoluta la
proporcionalidad desaparece. El Congreso será su Pampa Bonita. Es muy probable
que la promesa de Keiko de entregar la presidencia de las comisiones de
Fiscalización e Inteligencia a la oposición no asegure sanción para los
corruptos ni que se respete la línea divisoria entre legalidad e ilegalidad en
los servicios especializados de inteligencia. En tanto los fujimoristas sean
mayoría en esas comisiones podrían bloquear las acciones de sus respectivos
presidentes y miembros minoritarios.
Si no ganan las elecciones el riesgo es que la bancada
navegue a la deriva. La anterior bancada fujimorista se mantuvo cohesionada
porque sus integrantes tenían la esperanza de ser gobierno el 2016, y por eso
acataban las directivas de Keiko de forma más o menos disciplinada. Ella
decidió las posiciones y la línea en relación a los temas cruciales, y los
congresistas de provincias tuvieron la última palabra en los temas regionales.
Aun así hubo contradicciones entre ellos. Por ejemplo, la
bancada votó a favor de la ley de uso del agua, complementaria a la ley de
recursos hídricos, y base de la democratización al interior de las juntas de
regantes. Al poco tiempo, dos de sus integrantes, Becerril y Sarmiento,
presentaron un proyecto para derogar esta ley que afectaba a una camarilla de
agricultores de las directivas enquistadas en las juntas. Y aunque el propio
Chlimper apoyaba la nueva ley, le pasaron encima.
Si revisamos el comportamiento fujimorista en el Congreso es
claro que no han tenido una agenda legislativa. Los 17 congresistas reelectos
presentaron propuestas de ley que cualquiera en el espectro político podría
suscribir: rebaja de las medicinas, beneficios laborales, promoción de la
agricultura, defensa del consumidor. Esto refleja que estamos ante un
movimiento sin base ideológica, creado en torno a la figura del padre. Muchos
de sus congresistas podrían votar indistintamente con Peruanos por el Kambio,
con el APRA o con el Frente Amplio sin hacerse problema.
Si los resultados se les voltean es difícil que persista la
cohesión interna. Ya entre ellos se han metido zancadillas a la hora de
conformar las listas, así que sería probable que episodios de ese tipo se
repitan. Es muy probable que estemos ante una bancada sin agenda, muy
desordenada y con muchos francotiradores.
Es un hecho que Fuerza Popular no cuenta con una organización
sólida a nivel nacional, y los militantes de base no han sido incorporados en
sus listas. Oportunismo versus meritocracia. Los 73 no llevan el fujimorismo en
la sangre. Surge la pregunta: ¿Cuántos de ellos arriesgarían su pellejo por
liberar a Alberto Fujimori?
El otro elemento desestabilizador es el “factor Kenyi”, un
explosivo que puede detonar en cualquier momento. Ya adelantó su intención de
postular a la presidencia si su hermana pierde estas elecciones. Y si las gana,
y Kenyi insiste en su aspiración, podría apuntar a reformar la ley orgánica de
elecciones. Para ello necesita ejercer el mando de la bancada y que la bancada
se aglutine en torno a él.
No la tiene tan fácil y es evidente que los dos bandos - los
keikistas y los albertistas – van a tener sus buenas pugnas. La bancada podría
actuar dividida si se traslada la bronca fraternal al parlamento. Todavía los
recién electos no están alineados en uno u otro sentido y Kenyi va a enfilar
sus baterías para ganar a la mayoría a su lado. Por el momento, ha perdido a su
fiel escudero, el congresista Julio Gagó que no ha sido reelecto, y tendrá como
contrincante a Úrsula Letona, incondicional de su hermana.
Otro aspecto importante es el de las alianzas. Está claro que
la alianza sólida con el aprismo, que empezó en el año 2006, se va a mantener,
sobre todo ahora que está pendiente la investigación por el caso Lava Jato. La
desesperación por librar a su jefe vale más que mil principios.
Otro acercamiento posible – en el caso de que el fujimorismo
pierda las elecciones - se podría dar con Alianza para el Progreso, el partido
de Acuña, a pesar de éste ha decido apoyar a PPK en la segunda vuelta.
Finalmente cojean de indefinición ideológica, son populistas y su base social
es parecida. Se pueden entender bien. Pero si Keiko gana, este escenario se
podría tambalear en tanto a APP le conviene ser oposición.
Como la mayoría de bancadas es variopinta podrían darse
algunos sorpresas, como el coqueteo de algunos congresistas PPkausas con
los 73. Esta posibilidad queda descartada con el Frente Amplio y con Acción
Popular, más aún si estos dos movimientos se alían.
Lo que será más difícil, al menos durante el primer año, es
que se produzca el transfuguismo, ese fenómeno que estableció un tipo de
conducta mercenaria por parte de un sector de congresistas. La discusión de la
reforma política y electoral va a desincentivar dicha práctica hasta nuevo
aviso.
Si ganan van a tratar de presentarse como un bloque compacto.
El Ejecutivo, a través de José Chlimper, intentará disciplinarlos y alinearlos
detrás de sus propuestas que responden a los intereses de los grupos que él
representa. (Foto: La Repùblica).
Los ángeles de Keiko
No son tres sino cuatro. Uno de ellos es Luis Galarreta, quien en plena campaña
electoral emigró al fujimorismo. Este es el cuarto partido en el que recala. El
primero fue el Movimiento Libertad, luego pasó a Renovación de Rafael Rey, de
ahí al PPC y ahora es uno de los escuderos de Keiko Fujimori.
Galarreta se ha caracterizado por estar detrás de proyectos
de ley que favorecen a los poderes económicos. Una de sus últimas iniciativas
ha sido promover una ley que favorece a las grandes empresas de cerveza.
En el Perú, desde el año 2010, las cervezas tienen un
impuesto mixto: el que se grava a la venta con un 30 %, y el que se impone
según la cantidad que contenga (S/.1.25 por litro). Las empresas pagan el
impuesto que sea más alto para garantizar una mayor recaudación para el Estado.
El proyecto promovido por el congresista tiene como finalidad
que se establezca un único sistema impositivo. De acuerdo a esa propuesta, solo
se debía gravar con el 30% al precio de venta sugerido, dejándose de lado aquel
que gravaba la cantidad de alcohol. Así se beneficiaría a las grandes compañías
que, por lo general, tienen un precio de venta más elevado (debido a su
calidad) y se perjudicaría a las empresas que elaboran cerveza artesanal.
Por otro lado, la propuesta es riesgosa en un país en el que
el consumo de alcohol tiene consecuencias funestas: según el MINSA existen 1,5
millones de personas dependientes del alcohol en el Perú. De igual manera, en
el 2013, hubo 2 480 muertes en accidentes de tránsito bajo la influencia del
consumo de alcohol, de las cuales 281 son menores de 14 años.
El otro ángel de Keiko es Elard Melgar, el de los largos
tentáculos. El congresista reelegido ha sido sancionado por la Administración
Nacional del Agua (ANA) con 30 UIT por haber usado el agua de manera ilegal en
sus predios. Melgar solamente estaba autorizado a regar 71 hectáreas, pero regó
1,000.
El propietario del fundo San Ramón, cuya labor legislativa
fue aparentemente intrascendente, es un personaje muy conocido y poderoso en el
norte chico. Su adhesión al fujimorismo fue rápida y expeditiva porque el
crecimiento ascensional de su fortuna durante este régimen era un buen gancho.
De ser un sencillo miembro de la policía forestal en la década de los 80 pasó a
ser un acaudalado acaparador de tierras, aguas y poder político en estos
tiempos. Melgar amasó su fortuna con
el lucrativo negocio de venderle papilla al Estado, en los primeros años del
Pronaa que fundara Alberto Fujimori. Tan bien le fue que se coinvirtió en el
segundo proveedor del Estado en este rubro.
Con esa base económica y ya en este nuevo siglo, Melgar se
dedicó a acumular tierras en los fértiles valles del norte chico. Mientras
ejercía tan próspero negocio, se le acusó de apropiarse de manera ilegal de 471
hectáreas. El desaparecido periodista Raúl Wiener se encargó de investigar y
documentar las mañas de las que se valió el congresista. Sostuvo: “En agosto de
2008 Melgar inicia un proceso judicial contra el Ministerio de Agricultura,
arguyendo prescripción adquisitiva de dominio ante el Juez Civil de Huaura,
reclamando se le adjudiquen 471 hectáreas del fundo El Ángel en supuesto
abandono, que él habría venido trabajando de buena fe desde la década de los
90”.
De manera irregular Melgar se hizo de las tierras. Cuatro
años después, el juez de paz del centro poblado Nuevo Mundo recorrió los
terrenos del fundo y constató que se encontraban abandonados, que no había
posesionario a la vista ni existían vestigios de sembríos o surcos que fueran
la prueba de que esa tierra se había trabajado. Lo evidente se hizo obvio. Se
trataba de una reserva para la expansión de los negocios del congresista.
Solo que un juez de Huara vio, de manera increíble, lo
contrario. En el mismo terreno abandonado distinguió una prospera actividad
agropecuaria. “El procurador del ministerio que debía defender el interés del
Estado, increíblemente dejó pasar el plazo de la apelación, el fallo de primera
instancia fue ratificado y Melgar se quedó con las 471 hectáreas”, sostuvo
Wiener.
Diversas fuentes nos han hablado del poder que ejerce Melgar
en diferentes instancias del Estado. El congresista sale siempre bien librado
de cualquier proceso que se le abra. Incluso salió invicto de la Comisión de
Ética del Congreso. Además, se le permitió integrar la Comisión Agraria, un
hecho que revela de manera evidente un conflicto de intereses y que reforzó su posición
de poder.
El tercer ángel es el congresista por Madre de Dios, Modesto
Figueroa Minaya, a quien hemos hecho mención líneas arriba. Se trata de uno de
los principales proveedores de petróleo para la minería ilegal. Fue el
procurador del Ministerio del Ambiente quien lo detectó hace poco más de dos
años, cuando esta entidad se involucró de manera seria en la lucha contra la
minería ilegal y se dieron leyes específicas para controlarla.
Esta procuraduría especializada en delitos ambientales
descubrió que Figueroa era una pieza clave en la red de Gregoria Casas, la
reina de Huepetuhe, una de las más mayores productoras de oro en el
departamento. El congresista fujimorista es dueño de seis empresas proveedoras
de combustible y de ocho grifos que han aparecido cerca a los campamentos
mineros. Sus camiones cisterna transportan el petróleo a las zonas devastadas –
los inmensos desiertos en medio de la Amazonía - en las que el congresista
electo todavía no ha podido construir sus estaciones de servicio.
Según los datos del procurador, las empresas de Figueroa son
las siguientes: Corporación Grifera SCRL, Distribuidora Madre de Dios SCRL,
Petróleos de la Selva SAC, Corporación Grifera SAC Transportes Paititi EIRL y
Proveedora del Sur EIRL.
El cuarto ángel es una mujer: Cecilia Chacón, la cabeza de la
lista parlamentaria fujimorista, una de las congresistas reelectas más
cuestionadas. A ella se le acusa de enriquecimiento ilícito. Se trata de un
caso familiar. A la familia Chacón se le encontró 883, 320 dólares de
desbalance patrimonial.
El patriarca de la familia es el general Walter Chacón, quien
fue nada menos que el último ministro del Interior de Fujimori y, también,
Comandante General del Ejército. Es decir, pertenecía a la crema y nata
fujimorista de los tiempos nefastos, aquellos en los que conspiraban por una
tercera reelección. Por supuesto, no se trata de que los hijos tengan que pagar
las culpas de sus padres. Sin embargo, es el Poder Judicial quién implicó a la
esposa y los hijos del general como cómplices de sus delitos de corrupción. En
el caso específico de la congresista se determinó que ella recibió la suma de
284, 157 mil dólares en su cuenta, depositados en dos partes. El origen de ese
dinero era desconocido y no justificado.
Sin embargo, cuando es interrogada por este asunto, Cecilia
Chacón responde indignada que ya ha sido investigada y absuelta por el Poder
Judicial y que existe una persecución política contra su familia. Se trata de
una verdad a medias que oculta lo principal: nunca, ni ella ni su familia,
fueron declaradas inocentes por el Poder Judicial, sino todo lo contrario.
Sobre ellos recae una sentencia condenatoria que tiene algunas peculiaridades.
Es cierto que en el año 2014, la Sala Penal Liquidadora la
absolvió a ella y a sus hermanos del proceso; pero no porque fuesen inocentes,
sino porque como su padre, que era el principal acusado, ya había sido puesto
en libertad, concluyeron que no tenía sentido condenar a sus supuestos
cómplices. Lo que tampoco dice la congresista es que Walter Chacón fue liberado
por exceso de carcelería antes de ser sentenciado y no porque fuera inocente.
Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal, es una de
las personas que mejor seguimiento ha hecho de este caso. Lo resume de esta
manera:
“Ella dirá que ha sido absuelta. Pero es falso. Llegó a estar condenada a
cuatro años de prisión suspendida y a una reparación de dos millones de soles.
Lo que pasa es que, posteriormente –al igual que García,Toledo, Nadine Heredia
y otros– encontró la vía formal para intentar salvarse. Ya después de la
sentencia planteó ante la Corte Suprema una “cuestión previa”, alegando que los
cargos contra ella debieron ser formulados por un Fiscal de la Nación y no por
un fiscal anticorrupción”.
La sala de la Suprema, varios años después, aceptó la
triquiñuela y tiró al tacho una investigación complejísima al ordenar que se
comenzara casi de cero. (14 años, 34 procesados y 35 tomos).“Su padre, el
general Chacón, también fue salvado por la campana. Cuando estaba a punto de salir
la sentencia en su contra, el Tribunal Constitucional expidió un fallo,
apartándolo del proceso por considerar que se había vulnerado el plazo
razonable. En otros casos similares, el TC dio un plazo perentorio para que se
resolviera, pero en éste decidió innovar al poner a un costado al suertudo
general”, añade de la Jara.
Aplanadora fujimorista
El temor a lo que pueda hacer la bancada fujimorista en el
periodo 2016 -2021 (o tal vez más) no es infundado. Keiko Fujimori no se ha
cuidado de revelar sus intenciones frente a las políticas ejecutadas en este
gobierno: las va a aplanar.
El gobierno de Ollanta Humala, tan cuestionado por no haber
cumplido sus promesas electorales, llegó a impulsar algunas reformas en
sectores claves del país como el de Interior, Educación y Ambiente, quizás
dejándose arrastrar por algunos empeños individuales.
Modesto Figueroa Minaya es uno de los principales proveedores
de petróleo para la minería ilegal. Además, la Procuraduría especializada
en delitos ambientales descubrió que era una pieza clave en la red de una de
las más mayores productoras de oro en el departamento. (Foto: Facebook).
En Interior se eliminó el sistema de 24 x 24 mediante el cual
los policías trabajaban un día sí y otro día no. El día que no laboraban se dedicaban
a cuidar bancos, restaurantes y construcciones, con lo que compensaban sus
exiguos ingresos. La eliminación de este régimen permite duplicar el número de
policías en la ciudad, una de las principales exigencias para el combate a la
delincuencia.
No obstante, el decreto 1230 ha generado resistencia en un
sector de la policía que considera que con esta medida se afecta una fuente
importante de sus ingresos.
Keiko Fujimori ha prometido hacer tabla rasa de dicho decreto
y regresar al sistema del 24 x 24 que fue inventado en el gobierno de su padre.
Dice que este retorno sería solo temporal, hasta que le aumenten las
remuneraciones a los policías. Sin embargo, soslaya que ya está en proceso un
aumento escalonado de sueldos para el cuerpo policial.
En Educación se logró aprobar, tras una intensa pugna, la
famosa Ley Universitaria. El objetivo es regular la educación superior a fin de
elevar el nivel académico y vincularse más al sector productivo. Es decir, el
destino de la formación superior no debe estar solo en manos de las
universidades y los institutos sino que el Estado debe orientarla. La noticia
le cayó bomba a los dueños de las universidades, especialmente a quienes se
beneficiaron con la promoción de la educación privada ocurrida durante el
gobierno de su padre. Esta ley ha encontrado resistencia también entre las
autoridades universitarias agrupadas en la fenecida Asamblea Nacional de
Rectores.
Desde el fujimorismo no han escatimado ataques contra esta
ley, y el año 2014 la bancada de Fuerza Popular presentó una acción de
inconstitucionalidad. La propia Keiko Fujimori encabezó estas críticas y dijo
que la ley tenía tintes velasquistas y era solo un capricho del Gobierno.
La virulencia con que los fujimoristas tomaron esta
iniciativa se explica por la relación de sus cuadros y financistas con algunas
universidades. El actual congresista, Elías Dávalos, es presidente de la
Universidad San Juan Bautista y su colega de bancada, Joaquín Ramírez, también
secretario general de Fuerza Popular, tiene estrechos lazos con la Universidad
Alas Peruanas ya que es sobrino del rector. (Ramírez merece un informe aparte.)
En Ambiente, los decretos que norman la minería ilegal
también estarían con los días contados. Keiko Fujimori no solo ha firmado un
pacto con los mineros informales de Madre de Dios, tiene un representante de
ellos en el Congreso, y además ha estrenado como asesor a uno de los
principales enemigos de la regulación minera: Hernando de Soto.
El problema en Madre de Dios es gravísimo. La actividad
minera tiene consecuencias letales para el medio ambiente y está asociada a la
trata de personas. Hasta el momento los intentos del Estado por controlarla han
sido infructuosos. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, promovió los
decretos 1100 y 1105 que buscan formalizar a los mineros, pero estas normas han
sido rechazadas por la mayoría de personas que se dedican a la extracción de
oro en esta región.
Para saber con mayor detalle cuáles son los planes de Fujimori
en Madre de Dios tenemos que revisar el folleto “Conga va pero con nosotros”
que sobre el tema elaboró el Instituto Libertad y Democracia (ILD), que preside
Hernando De Soto. Sus principales propuestas son: Derogar los siete decretos
que regula la minería informal, autorizar la invasión de concesiones mineras
inactivas, reducir el pago de impuestos de la minería a pequeña escala de 4% a
1.5% y dejar de usar instrumentos tributarios formales. Lejos de proponer algún
tipo de regulación, De Soto propone convertir a Madre de Dios una zona liberada
para la minería ilegal.
Así las cosas, los 73 se preparan para dar la batalla por
estas propuestas aterradoras. Una batalla desigual que ganarán al caballazo,
con una votación aplastante.
Los 73 son fruto de alianzas muy precarias, basadas en el
interés individual o local, el aporte económico o el amiguismo. Keiko Fujimori
ha reiterado varias veces que sus 73 han pasado los filtros. Lo que ha hecho es
pasarlos por agua tibia.
Ahora
ya no podemos rebobinar ni patear el tablero. Estos 73 son nuestros dignos
padres de la plata.
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