"Difícil creer en una propuesta anticorrupción teniendo de asesor a un abogado de corruptos".- Nelson Manrique opina sobre nombramiento de Roy Gates como "consejero presidencial"
Escribe: Nelson Manrique
"No hay forma de hacer verosímil que se va a honrar esta promesa si se pone como asesor jurídico del presidente a un abogado cuyo quehacer es la defensa de corruptos y narcotraficantes", dice Nelson Manrique en su columna de hoy sobre el polémico nombramiento de Eduardo Roy Gates, ex abogado de Rómulo León, como asesor presidencial.
La capacidad de aprendizaje es distintiva de la especie humana y esta incluye aprender de los propios errores. He pensado en esto al conocer el nombramiento de Eduardo Federico Roy Gates como Consejero Presidencial en asuntos jurídicos. Dos experiencias me vienen a la mente: la defensa que el entonces candidato Humala hizo de Carlos Torres Caro en el 2006 y la forma como afrontó la reciente crisis provocada por el viaje de su hermano Alexis a Rusia.
En el primer caso, Humala mantuvo a Torres Caro como integrante de su plancha presidencial y de la lista parlamentaria del nacionalismo y se ofreció como garante de su honestidad y coherencia. Torres Caro había sido fuertemente cuestionado por sus vinculaciones con el fujimorismo, su problemático sentido de la ética, acusaciones por acoso sexual contra sus estudiantes de la U. San Martín de Porres, etc. Lo que le costaron ambas a Humala es historia conocida.
El abogado Roy Gates ha sido cuestionado por antecedentes que lo convierten en la peor alternativa para incorporarse al entorno presidencial: haber actuado como defensor de Rómulo León Alegría en el escándalo de los petroaudios, de integrantes de las familias Sánchez Paredes y Sánchez Alayo en causas ligadas al narcotráfico, así como de César Cataño Porras, su esposa y sus hijos, y constituirse en representante de sus empresas Kanagawa Perú SA, Vizcar Export Import SA y Peruvian Airlines en el juicio que se les sigue en Tacna por lavado de activos producto del narcotráfico.
La respuesta de Roy Gates ante los cuestionamientos ha sido afirmar que ha abandonado estos vínculos laborales al entrar a trabajar con el presidente.
El problema, por supuesto, es otro. Está en juego la credibilidad de un gobierno que recogió un amplio respaldo popular entre otras cosas porque prometió encarar frontalmente el que es percibido como el mayor problema del país: la corrupción.
No hay forma de hacer verosímil que se va a honrar esta promesa si se pone como asesor jurídico del presidente a un abogado cuyo quehacer es la defensa de corruptos y narcotraficantes. El argumento de que según los usos jurídicos de un Estado de derecho todos tenemos derecho a la defensa es bueno para justificar que el abogado Roy Gates vuelva a su rentable actividad pero no para recomendarlo como consejero jurídico de la presidencia. Ojalá OH no espere a que los daños sean mayores.
