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viernes, 5 de noviembre de 2010

POLÉMICA ABIERTA SOBRE AUTOEMPLEO

POLÉMICA ABIERTA SOBRE AUTOEMPLEO
Por: Raúl Rosales León
Me parece positiva la respuesta de Carlos Mejía, a quien tuve el gusto de conocer la semana pasada, porque se esta visualizando el problema del trabajador autoempleado en el Perú. Es importante el intercambio de ideas para que genere nuevos insumos en el debate y, sobre todo, que propicie en otros espacios la formulación de políticas públicas que solucionen los problemas sociolaborales a millones de trabajadores.
En cierta manera resulta irónica la construcción narrativa del texto de Carlos quien se alegra por el debate, luego hace una convocatoria a la cultura democrática, continúa con una serie de argumentos como parte de una polémica y finaliza negando todo lo anterior cuando él señala que mi texto es: “Políticamente, es una práctica muy vieja y manida. Académicamente, resulta imposible de sostener. Sindicalmente, es la puerta a una división absurda”. Esto significa que Carlos me niega como interlocutor válido en el campo político, académico y sindical. Parece que él se ha dejado llevar por la pasión de una polémica abierta, lo cual es comprensible por la ausencia de debates conceptuales en el movimiento sindical peruano.
Regresando al debate
Es necesario visualizar el punto neurálgico del debate: el concepto autoempleado. En el primer artículo escrito por Carlos señala explícitamente su preocupación por la falta conceptual del término en cuestión porque no se ha hecho una definición exacta y, según él, sigue siendo una etiqueta muy amplia e imprecisa. Desde el psicoanálisis, en donde está el deseo está la falta, entonces, ante la falta de un concepto preciso, Carlos desea encontrar una certeza y afirma categóricamente: “se trata de empleo precario” con una serie de características, lo cual fue el motivo central de la polémica abierta.
Luego de la desmantelación discursiva sobre el término “trabajo precario”, que en el fondo hegemoniza las demandas prioritarias del sector de trabajadores no autoempleados, Carlos en su respuesta mencionada que la categoría autoempleo no es algo claro y menciona: “A mi juicio, comprende diferentes grupos de actividades económicas, muy diferentes entre si y con diferentes intereses y necesidades”. Lo cual muestra que Carlos se mantiene en la ambigüedad conceptual porque su propuesta de “trabajo precario” es amplia e imprecisa para definir al autoempleado porque también se incluye a los trabajadores quienes dependen de empleadores. Es decir, el significante “trabajo precario” abarca como significado tanto a los asalariados como los autoempleados.
Parece que la sociología del trabajo, la antropología urbana y las estadísticas no han podido darle una pista clara a Carlos para analizar conceptualmente a mencionado actor laboral. Es interesante que Carlos manifieste publicamente que los autoempleados son de su interés y sobre el cual sus afirmaciones pueden aplicarse. Lo cual parece un poco difícil con la categoría “trabajo precario” .
Más allá de la Ley General del Trabajo
Entonces, queda en la polémica el trabajador autoempleado desde el enfoque del sindicalismo sociopolítico. Y como parte de un debate existen discrepancias o puntos de vista diferentes. Lo cual no sólo se queda en el plano virtual bloggero, sino que también forma parte del mundo real como el pasado viernes 24 en la Audiencia Pública sobre La Ley General del Trabajo organizado por la Comisión de Trabajo del Congreso de la República. En donde parece que Carlos no ha reflexionado agudamente sobre el autoempleado en relación a los parámetros tradicionales del concepto trabajo que se encuentra en propuesta de ley. Lo invito a hacerlo para nutrir una nueva propuesta que sea inclusiva a todos los trabajadores.

En la audiencia pública se trató de naturalizar el concepto trabajo bajo los parámetros tradicionales (empleado y empleador). Pero la CUT PERÚ, a parte de tomar en cuenta ha mencionado sector laboral del sector privado, abrió su preocupación para visualizar al sector público y, sobre todo, a los trabajadores autoempleados. Se democratizó el significante trabajador, lo cual no es especulación virtual sino acción en el campo real. La pregunta es ¿Por qué la CUT PERÚ se preocupa por los trabajadores autoempleados en mencionado evento? La respuesta es por el paradigma del sindicalismo sociopolítico que va más allá del sujeto único de trabajador homogéneo quien depende de un empleador.
Si Carlos hubiese analizado los discursos de los representantes de las principales centrales sindicales del país en el foro en cuestión, él mismo se hubiese dado cuenta sobre que tipo de modelo sindical toma en cuenta los intereses y demandas de los trabajadores autoempleados. En esta lógica, en el plano académico, político y sindical los trabajadores autoempleados se articulan con el discurso inclusivo e integral del sindicalismo sociopolítico: en teoría y práctica. Algo que hasta ahora Carlos no puede simbolizar ni menos refutar, sólo ha analizado conceptos “autoempleo” y “sindicalismo sociopolítico” por separado y ha obviado la relación de ambos que es el punto nodal de mi propuesta. La relación de ambos conceptos ha sido demostrado en la audiencia pública sobre la Ley General del Trabajador (Asalariado) porque desde el sindicalismo sociopolítico se enunció la necesidad de inclusión de los trabajadores autoempleados quienes son ajenos al concepto hegemónico de trabajo en el Perú.
Me gustaría comentar a manera de hipótesis el relato histórico (sin base bibliográfica ni algún tipo de fuentes) de Carlos, quien señala que el "sindicalismo sociopolítico" es heredero del viejo "sindicalismo libre" (sindical y anticomunista). Se puede decir que resultaría irónica la evolución del supuesto sindicalismo anticomunista porque en la práctica (comprobado en la audiencia pública) es más izquierda y progresista porque incluye la lucha de los trabajadores autoempleados (invisibilizados en la propuesta de proyecto Ley General del Trabajo). Pero entrar en el debate sobre ¿quién es más izquierda para tener la razón? es un viejo problema de la izquierda peruana en donde los actores políticos legitiman su posición de “izquierda pura” descalificando al otro de ser menos izquierdo u otros colores. El hecho de denominarse de más izquierda no es base suficiente para pretender una crítica argumentativa. La izquierda fragmentada en el Perú es una muestra de ello en donde todos los militantes son más izquierda que el otro, mientras el sistema neoliberal avanza e impone sus reglas de juego. Por eso saludo la foto que cuelga Carlos en su blog de unidad sindical (CUT PERU y CGTP).
Autoempleo y sindicalismo sociopolítico
En el campo académico (incluyendo a la antropología urbana que es bien conocida por Carlos) existe una falta conceptual del autoempleo desde un enfoque sindical. Lo cual fue un tema en la investigación que realicé (como había mencionado en mi primer artículo sobre el autoempleo) sobre el impacto de la crisis financiera y el modelo de económico en los trabajadores por cuenta propia “autoempleados” con sede en Lima. Entonces, cuando Carlos menciona el aspecto económico sobre la ausencia de trabajo asalariado coincide con los dirigentes de trabajadores autoempleados a quienes entrevisté y, a la misma vez, fortalece, sin querer queriendo, mi propuesta porque los actores sociolaborales (autoempleados) critican al Estado y al sistema económico (modelo de desarrollo) que no proporciona trabajo decente. En este punto ambos estamos conformes, pero discrepamos en otros, lo cual nutre el debate.
Carlos en su respuesta desea una explicación más detallada para entender la relación del autoempleo con el paradigma sindical que sigue la CUT PERÚ: la construcción conceptual del autoempleado desde el enfoque del sindicalismo sociopolítico tiene como objetivo plantear una alternativa analítica y programática al concepto "informalidad" formulada por Hernando de Soto en su libro El Otro Sendero. La base social del emprendedor no es el autoempleado como lo afirma Carlos, sino el trabajador informal y la trama ideológica que la sostiene. El informal de ayer es el emprendedor de hoy. El discurso hegemónico de la informalidad percibe la presencia del Estado (y los mercantilistas) como el mayor obstáculo porque dificulta el proceso de formalidad y, por ende, grandes sectores de de la población optan creativamente por el sendero de la informalidad: el capitalismo popular. Como bien lo señaló Mario Vargas Llosa en el prólogo de mencionado texto: “En ese sentido la informalidad es una de las formas de democratizar el mercado luchando ante el apartheid económico y social”. En esta lógica el concepto autoempleado desde el sindicalismo sociopolítico cuestiona al discurso de la informalidad que pone las bases del capitalismo popular bajo el guión ideológico neoliberal.



En esta lógica la propuesta conceptual del autoempleo toca directamente temas de fondo que ocasionan desempleo y pobreza. A la misma vez, construye las bases para la propuesta programática de inclusión de los trabajadores autoempleados.
En cambio la propuesta de Carlos sobre “trabajo precario” sólo construye la comunidad imaginada (Benedit Anderson) del trabajador en donde todos se encuentran juntos y revueltos. Lo cual ha sido aceptado por el mismo Carlos quien no niega que su texto universaliza las demandas de un sector particular de trabajadores en nombre de los trabajadores autoempleados. Y plantea una pregunta ¿Esta mal que los trabajadores autoempleados aspiren a tener vacaciones, jubilación, seguro de salud y otros derechos similares? Como se pude notar se encuentra la mirada paternalista sobre los autoempleados empobrecidos quienes no tienen agencia para la construcción de demandas propias que solucionen sus problemas concretos. Jaques Lacan señaló que el deseo es el deseo del Otro. En esta lógica el deseo de los trabajadores autoempleados con trabajo precario es el deseo de Carlos Mejía. Es necesario conocer las prioridades de la agenda sociopolítica y deseos de los autoempleados porque de no ser así, la actual propuesta de Ley General del Trabajo (consensuada en un 85%) sería, según el discurso de Carlos, lo más favorable para las aspiraciones sector de trabajadores autoempleados, lo cual dejaría de lado la solución de los problemas concretos de los autoempleados.
Ley del Trabajador Autoempleado y más allá.
Por este motivo es justa y necesaria la elaboración de una propuesta de la Ley del Trabajador Autoempleado con lineamientos políticos conforme a la realidad de millones de trabajadores quienes no tienen empleadores y, de esta manera, evitar la universalización de las demandas de un sector en particular de trabajadores. Lo cual es importante para los fines que persigue en el sector privado, pero limitada para incluir a los autoempleados quienes se encuentran al margen del discurso hegemónico sobre el trabajo. Y Carlos tiene la capacidad y compromiso para aportar reflexiones y propuestas para el beneficio de los trabajadores autoempleados, previo el registro de las demandas políticas específicas de mencionado sector laboral organizado en la ciudad.

Y cuando señalo que los autoempleados se organizan en la ciudad es para visualizar que ellos elaboran sus propias agendas políticas. Algo que obvia Carlos quien no pude simbolizar que los autoempleados tengan capacidad de agencia para la formulación de sus propuestas y acciones políticas. Entonces, como él no puede asimilar la idea que existen trabajadores autoempleados organizados, entonces él afirma que en mi texto: “se construye un sujeto social y se le atribuye una agenda, lo que sigue, es bastante común, se dice representarlo”. Otra vez la mirada paternalista sobre los autoempleados empobrecidos de la ciudad en donde es necesario que otra persona lo constituya como sujeto social, le atribuya una agenda y los represente.
En mi artículo escribí que realicé una serie de entrevistas a dirigentes de las siguientes organizaciones de autoempleados: CONAEM, FEDEVAL, CONFIAR, RED DE MUJERES AUTOMEPLEADAS, FREDDCIV y FETTRAMAP. Estas organizaciones tienen sus agendas, son protagonistas de sus luchas y tienen sus propios representantes dirigenciales. Si Carlos lo quiere comprobar, entonces le recomiendo que baje a bases, pero de autoempleados para ser más precisos.
El interés de Carlos es visualizar a los autoempleados como “trabajadores” con la mirada clásica sindical, lo cual se comprueba cuando él señala que en mi texto resalto los problemas de los autoempleados como “trabajadores comerciantes”. Como se puede apreciar él mantiene la hegemonía del trabajador homogéneo porque “trabajadores comerciantes” incluyen a los autoempleados y a los asalariados. La pregunta es ¿Por qué Carlos no habla de autoempleados del sector comercio y sus problemas específicos? ¿Por qué oscurecer la particularidad del trabajador autoempleado con sus agendas? Los trabajadores autoempleados tienen derecho a la igualdad y también a la diferencia. Existen otros sectores de trabajadores autoempleados organizados que tienen sus agendas políticas que se deben articular en la lucha contrahegemónica.
En esta lógica, se debe continuar abriendo espacios de análisis (virtual o presencial) para la rearticulación del tejido social que busque consensos programáticos con el fin de elaborar una propuesta de Ley del Trabajador Autoempleado en el movimiento sindical peruano. Esto como parte de las necesidades prácticas y los intereses estratégicas (Kate Young) desde el enfoque laboral y político. Lo cual significa que la ley es un paso importante para resolver problemas concretos y de esta manera seguir construyendo camino hacia estrategias más amplia de inclusión social con la participación de otros actores sociales y políticos.
Luego seguir trabajando en la utopía imposible que según Slavoj Zizek es la verdadera utopía porque cuestiona el estado actual del sistema capitalista tardío que todo lo tiene controlado y vigilado bajo los parámetros de lo correctamente político. Es menester la trasgresión académica para la elaboración de propuestas programáticas inclusivas en el campo político y sindical.

domingo, 31 de octubre de 2010

PROYECTO LEY GENERAL DEL TRABAJO : EL FÍN DE LOS DERECHOS LABORALES

Artículo publicado en el diario La Primera, sábado, 30 de octubre de 2010
PROYECTO DE LEY GENERAL DEL TRABAJO
: el fin de los derechos laborales
Por Jorge Rendón Vásquez
El profesor Emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos repasa cómo en el Perú los trabajadores dejaron de gozar de beneficios que les otorgaba la ley, para ser sólo “máquinas” al servicio del empresariado.
Hacia el fin de la década del ochenta, los trabajadores peruanos gozaban de un conjunto de derechos sociales que les permitían un nivel de vida en ascenso, pese a los estragos de la astronómica inflación de ese quinquenio.
La marcha hacia esos derechos se había iniciado con la jornada de ocho horas, arrancada al gobierno oligárquico de José Pardo, en enero de 1919, con una histórica huelga. Desde entonces, la penosa y constante acción de los trabajadores, respondida por los empresarios y sus gobiernos con una sistemática persecución, la prisión, las torturas y, en no pocos casos, la muerte de los militantes sindicales, fue dejando como saldo nuevos derechos sociales.
Con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el cuadro de derechos laborales, individuales, colectivos y de seguridad social, se amplió considerablemente, con lo cual los trabajadores incrementaron su poder de compra e impulsaron el crecimiento de la producción nacional.
La contraofensiva de los empresarios comenzó con el gobierno de Morales Bermúdez a partir de agosto de 1975, pero fue detenida con la Constitución de 1979.
Se reanudó en 1990 con el programa electoral del candidato a la Presidencia de la República Mario Vargas Llosa, en el que se proponía lisa y llanamente suprimir la mayor parte de derechos sociales, y someter la fuerza de trabajo a las reglas del mercado, aplicando las instrucciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Tratando de defenderse, los trabajadores votaron en la segunda vuelta por el candidato rival, Alberto Fujimori, quien, gracias a ellos, ganó.

Pero Fujimori no cumplió su palabra y, por el contrario, aceptó el apoyo de los empresarios, que habían respaldado al ahora Premio Nobel, y su programa neoliberal y flexibilizador. Los dejó gobernar y los derechos sociales comenzaron a caer entre agosto de 1990 y diciembre de 1991, con el consentimiento casi unánime de los grupos parlamentarios. De ese período es el Decreto Legislativo 728 que reordena las normas relativas al contrato de trabajo a favor de los empresarios.
Pero, como la campaña antilaboral no era todo lo rápida que los empresarios exigían, Fujimori, impulsado por ellos y con la activa participación de la cúpula militar se aventuró a dar el golpe de estado de abril de 1992. Luego, los empresarios y sus testaferros ya en el control del Estado les sacaron a los trabajadores el resto de sus derechos sociales más importantes. Cayeron la estabilidad laboral, la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva por rama de actividad, la jornada de ocho horas y la semana de cuarenta y ocho, y el pago por horas extras, la participación patrimonial en la empresa; los poderes del empleador para extender la duración del trabajo, trasladar al trabajador, sacarle el descanso en domingo, y sancionar fueron ampliados; se generalizó el alquiler de trabajadores con los “services” y la tercerización, etc. etc.. Económicamente todo esto les sustraía a los trabajadores una parte de su poder de compra y lo transfería a los empresarios como ganancias. Las dictaduras se implantan para eso.
Luego de la fuga de Fujimori al Japón en noviembre del 2000, los dos gobiernos siguientes les señalaron a los dirigentes de las centrales sindicales “la concertación social” como el procedimiento para recuperar los derechos sociales perdidos. Ingenuamente esperanzados, los dirigentes sindicales fueron a sentarse en la mesa del Consejo Nacional de Trabajo. Ninguno quiso escuchar la voz del sentido común que les gritaba que los empresarios jamás consentirían perder allí lo que habían logrado imponer durante el gobierno de Fujimori. Seis años después, de esas conversaciones privadas salió un proyecto de Ley General del Trabajo con el festivo aplauso de los ministros y funcionarios de Trabajo. Todos ellos decían orgullosamente que se había logrado aprobar por consenso el 85% del articulado.
Recién en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, el dichoso Proyecto pudo ser conocido por quienes no habían participado en su redacción. Las cúpulas sindicales habían admitido por consenso casi todas las normas dadas por el gobierno y el parlamento de Fujimori.
La resistencia al Proyecto vino de un grupo de dirigentes sindicales y de algunos juristas empeñados en la defensa de los trabajadores. Parte de esta campaña fueron mis Observaciones puntuales a los artículos del Proyecto perjudiciales a los trabajadores, en un estudio de cuarenta páginas que no pudo ser refutado.
Era tan aberrante la convalidación de la legislación antilaboral de la década de Fujimori que contenía el Proyecto que numerosos congresistas se negaron a tramitarlo y quedó bloqueado entre la Comisión de Trabajo y el Pleno del Congreso desde 2007. Sin embargo, el peligro no estaba conjurado.
En agosto del presente año, el nuevo Presidente de la Comisión de Trabajo declaró que haría aprobar el Proyecto de Ley General del Trabajo y dispuso que sus asesores lo rescataran del archivo. Las cúpulas sindicales manifestaron su conformidad en una reunión llevada a cabo en el auditorio José Pardo y Aliaga, el 22 de octubre, ante un bullicioso grupo de trabajadores que esperan ser repuestos en los organismos del Estado y que desconocían para que los habían reunido. De nuevo se invitó a algunos abogados empresariales a la Comisión de Trabajo del Congreso y se evitó la presencia de los dirigentes sindicales y abogados laboralistas en desacuerdo con el Proyecto.
Aun cuando se ignore el significado de una ley general, cualquier persona puede advertir que, aprobado ese Proyecto por el Congreso, recuperar los derechos laborales arrebatados a los trabajadores con su articulado tomará de unos veinte a treinta años. Es también claro que la restitución de esos derechos debería haber comenzado hace mucho, con la modificación de cada ley que los elimina.
El Presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso pertenece, al parecer, al Partido Nacionalista. ¿Es ésta la posición de este Partido, distinta de su Propuesta para las elecciones de 2011, publicada hace unos días, o ese representante actúa por cuenta propia movido desde las sombras por algún grupo?

domingo, 24 de octubre de 2010

PUNTADAS CON NUDO No.87 :HAMBRE DE PAN, PODER COMO CANONJÍA Y GUSTO CIEGO

Hambre de pan, poder como canonjía y gusto ciego
por Guillermo Olivera Díaz;


godgod_1@hotmail.com
http://www.voltairenet.org/article167403.html
24-10-2010
1. Secularmente, los que se suceden y presiden la religión católica se llaman Sumo Pontífice –cuyo nombre apunta al vigilante de un puente sobre el río Tíber que atraviesa Roma o comúnmente Papa, tal como sus seguidores, siempre hablan con donosura del hambre de pan que siente el pobre -aún después de haber comido-, sobre todo cuando están frente a una multitud de hambrientos producto del resultante desempleo, la incultura, su inmerecida pobreza y otros factores complejamente causales y condicionantes, simultáneos, interactuantes e interdependientes, a pesar de su heterogénea naturaleza.
A la vez, pese a su inmenso poder, no se preocupan por acometer soluciones de fondo, ni las intentan liderar, pues conviven con la injusticia social y sus causantes que reinan en la faz de la tierra. Desde el púlpito diario, ensotanados pulcramente, prefieren defender y endiosar la limosna y predican con su ejemplo, pidiéndola. En esencia, este texto mío se difundió masivamente en Internet.
2. Una inmensa pléyade de internautas se ha sentido tocado y motivado para responderme. Se trata de defensores de la religión católica por antonomasia, cuya predicada bondad también conoce del insulto a distancia y a escondidas, que su religión no amaina.
A una de ellas le he respondido con el mayor respeto: “Quien te escribe ha visitado por muchos años unos 45 países. Ha visto boquiabierto la cruda realidad vital. En la puerta de las inmensas catedrales de estilo gótico, que presiden las plazas mayores de bonitas ciudades, o de la iglesia en mi provincia cajamarquina de Santa Cruz, hay niños pobres que estiran cada día sus harapientas manos por una ocasional pitanza. Esa praxis sigue insuperada por siglos. Sólo desde el poder gobernante, que acopia y atesora ingentes impuestos, sin mayor sentido y hasta coactivamente, o sea, a la fuerza, es posible intentar soluciones de veras. Que la Iglesia ponga su hombro. Con las antiguas “Cuevas del Vaticano” podría comenzar la justicia distributiva; y, ahora con el debe del papal e internacional Banco Ambrosiano, cuyo “banquero de dios” (Roberto Calvi) pagó con su vida (en un puente sobre el Támesis de Londres) el no a la delación del contenido financiero de la Ciudad del Vaticano, que gobierna cada Papa que encumbran los cardenales, como el peruano y siempre recusado Cipriani.
3. A otra también le respondí con mesura: “Claro que los discursos, de gran elasticidad semántica, de la iglesia católica están de “lado de los oprimidos”. Pretendo más que eso. La palabra sola, sin praxis, no. Desde el púlpito cuotidiano un liderazgo proactivo se impone. La iglesia puede y debe reorientarse, como lo hacen muchos sacerdotes, como vuestro (¿) Cardenal Cipriani, que no siendo economista ni político formal, perora en favor del stablishment (visto como orden establecido que no hay que tocar). Estas son maneras larvadas o subliminales de operar”.
De tales respuestas como digresión pasemos al tema central que encierra el título.
4. Además de esta sentida necesidad de pan (de alimento, mejor), hoy en día inunda en el globo terráqueo el hambre de poder, como canonjía; que lo viven también los pobres aquellos, como errada solución a su pobreza, y, en particular, los ricos que se hicieron del saqueo de la cosa pública, con su enriquecida viveza criolla, los conocidos cacos del poder –esos que ganan elecciones en la mesa, después de observaciones que “resuelven” los jueces electorales- y muchos otros bribones de la enmohecida clase política, siempre actual, en busca de hipertrofiar su ya descomunal riqueza o saciar su recusante torcedura moral.
No se trata del apetecido poder a secas, como ejercicio de autoridad sobre el administrado o el tesoro público en búsqueda del bien común; de larvado dominio sobre los demás, quizá en el seno de la propia familia; de despliegue de notoriedad ante otros; o, psicopáticamente, de ser el centro en el club, el partido político, el barrio, distrito, provincia o país, sino del poder ultramontano, visto también como canonjía: poco trabajo funcional y mucho provecho económico personal, donde los exprimidos gobernados pagan el canon, el impuesto y la coima. Sin ella todo el conseguido poder sería torpe ilusión, aunque ingrediente central del ego regodeante, que la presidencia del país para los Alan García, que abundan a borbollones, es la feliz oportunidad de su manifiesta e incontrolada eclosión, con tiranía y lacerante corrupción.
5. Por este inhumano apetito buscan las decenas de miles de candidatos las alcaldías distritales y provinciales y sus correspondientes regidurías; ser presidente o consejero regional es su ambición. Los que no son ricos prestan dinero, se endeudan, venden o hipotecan hasta su única casa o se financian en sus sueños, arrullados por sus cómplices e influidas parejas ocasionales o permanentes, con la almohada de muda testigo. Los que lo son, o tuvieron mandato anterior escogidos a dedo o por elección –el resultado es el mismo- conocen de sobra una y mil triquiñuelas. Es una “inversión” –que tienen que recuperar- y no un “gasto”, de nuevo se dicen.
La encumbrante presidencia del país es otro final y apetecido recodo para los menos, cuyos nombres se repiten año tras año, antes de haber sido propuestos por sus merecimientos; como la mediocre Keiko Fujimori, con calculada antelación de años, pintan su nombre en los cerros, sobre las piedras de los ríos, en las paredes de modestas casas y al borde de todos los caminos, para todo lo que necesitan un ejército de rentados operadores, con una costosa logística de vehículos y materiales. Son pintas que engrosan esa malhadada “inversión”.
¿Cómo lo financian, si el país es inmenso? Sólo el padre de Keiko lo sabe, cuando transfiere a escondidas sustanciales montos de dinero para pagar su defensa en Chile y en Perú por varios años y simultáneamente oblar los millones que demanda una campaña electoral de la hija. Son transferencias de dinero que el sistema bancario internacional calla, tal como lo hace con las cuentas secretas.
También esa financiación la conoce el economista Alejandro Toledo, si echa pluma contable a lo que le significó vender al extranjero, asesorado por Pedro Pablo Kuczinsky –otro que sabe economizar, en contra del país-, 4.4 trillones (sí, los trillones están después de los billones; éstos después de los millones; y éstos tras los modestos miles) de pies cúbicos del gas de Camisea, a un precio de regalo que incremente la comisión del gobernante vendedor.
Por supuesto, los Castañeda y Kouri, conocen hasta el hartazgo estos vericuetos, luego que han ejercido el poder local y provincial limeño y chalaco por décadas, administrando miles de millones de dólares de presupuesto, con superávit pro bolsillo que financiaban sus sendas reelecciones. La atraillada, y vendida, también por publicidad, prensa escrita, radial y televisiva se encarga del resto, para mostrarlos como presidenciables. Los entrevistan cada día. El pueblo, con su resultante ceguera, no logra separar la paja del trigo; simplemente vota por quienes van de punteros en las encuestas que alguien paga y que no sabe quién. El secreto queda insondado.
6. Estos que se arrastran por el poder como canonjía, desde mucho tiempo atrás, se autodesignan y se publicitan; hacen malabares para devenir candidatos; son capaces de lo peor para serlo; o el papá encarcelado desde Chile mientras extraditado la designa y en cárcel peruana la ratifica, caso Keiko; empero unos y otra, se ufanan de la democracia interna (recuerden a los Kouri y Barba que defendían la elección interna de candidatos con bases partidarias inexistentes) y, en su momento, los jueces electorales cierran los ojos. Tal como los jurados electorales “especiales” y los miembros del Jurado Nacional de Elecciones del Perú que con desparpajo cambian el orden de los expedientes y anticipan sus fallos. Todo en nombre de la “justicia electoral”, con autoridad de cosa juzgada irrevisable. No hay juez que modifique un fallo electoral.
Al lado de los seres de esta parentela están otros de la misma pollada, lechigada o camada que también buscan el poder. Aquellos que se hacen nombrar ministro de algo, director o gerente, administrador o jefe de sección. Arriban también aupando al Poder Judicial y son jueces de primera, segunda o de la Corte Suprema. Buscan así ujieres, secretarias privadas, vehículo oficial con chofer a la mano y la posibilidad del celular y los gastos de administración pagados por el Estado. El bolsillo particular crece, la cuenta bancaria secreta también, los testaferros proliferan; empero, no se gasta lo saqueado al fisco, porque se guarda pan para mayo, para los tiempos de desgracia personal o de la añorada reelección.
7. Con semejante status social, estado o condición poderosa, admirada por los demás, ya tienen la comilona de convite asegurada, cuyo whisky etiqueta azul corra a cargo de Palacio de Gobierno, como era usual en el ebrio Alejandro Toledo, que cochina y asquerosamente cogía el trozo de hielo con su pelada mano para meterlo en su vaso. Para el zafio los adminículos sobran.
Finalmente, con la faltriquera gorda, término grato a nuestro buen amigo y admirado periodista Herbert Mujica, o sea, con los bolsillos llenos, les resulta difícil desprenderse o destetarse de por vida del poder político. Por eso la reelección en el cargo siempre es su norte, como lo fue para Fujimori, Alan García y ahora lo es para Alejandro Toledo, aunque se haga el cojudo de esconder su evidente apetito de poder y de regalar aún más el gas que falta para el actual consumo interno o de recomprar nuestra deuda externa, vía “bonos soberanos” que esconden millonarias comisiones.
¿Recuerdan que tenía la misma engañifa como táctica el Alberto Fujimori que buscaba, con tamaña desmesura, un tercer mandato el año 2000, asesorado por Montesinos?
8. El oscuro origen del acto de poder y del gusto.- ¿De dónde emergen estos añejos apetitos, torpes resabios que gobiernan la conducta humana, para llevarlo al sacerdocio de la religión católica, al poder político nefando como el fujimorista, a la abogacía penal o civil, al ejercicio de la medicina o del fútbol con escapaditas y, a veces, al crimen frío y calculado? La ciencia entera, en particular la criminológica, ha parado mientes al respecto, aunque no esté dicha la última palabra.
El deseo vehemente, el gusto innoble de la bella joven contra su voluntad, la vocación ciega por lo que fuere, el interés por algo oscuro y el apego impertinente al delito mismo, se consideran burdos productos del Yo individual, del Yo social (sintetizado en el individual) y de todo el conjunto de condiciones exteriores o del medio ambiente. Todos podemos advertir que, pretendiendo explicar un hecho concreto, débese evaluar la situación del mundo circundante al tiempo de tal hecho y la personalidad de su autor al mismo tiempo y que ésta es a su vez el resultado de un complicado proceso que se cumple desde el nacimiento de la persona hasta el momento mismo en que se ejecuta el hecho.
Sobre este particular hemos aseverado años ha en un libro nuestro: “El hombre al nacer posee en verdad disposiciones congénitas –por influjo hereditario o por adquisición en el claustro materno-, que no son iguales a las disposiciones del adulto, sino que tienen que desarrollarse para convertirse en ellas. Este desarrollo se produce conforme a las posibilidades de evolución dadas en las disposiciones congénitas (endógenamente), de un lado; y, de otro, por influjo del mundo circundante que existe siempre durante la vida del sujeto (exógenamente).
Pertenecen a este mundo circundante del desarrollo, principalmente, la alimentación, la educación familiar y escolar vista en sentido lato, el influjo de otras personas (amigos, rivales, amante, colegas de profesión o política), la pérdida de otros seres humanos próximos, la inclusión en una capa social, los obstáculos para la realización de los propósitos, bienestar económico, laboral y adversidades. Además, los influjos cósmicos del clima y sus cambios, contaminación ambiental, ruidos molestos subjetivizados, intoxicaciones repetidas (alcoholismo crónico, drogadicción), el ambiente de prostitución y promiscuidad, la influencia nociva de la radio, cine, televisión y prensa escrita, las supersticiones y prejuicios en general. En fin, todo lo que rodea al hombre y lo influencia de por vida sin escapatoria fácil”. (“Criminología Peruana”, Tomo I, 3ª. edición, Lima, 1980, pág. 86).
9. A toda esta complejidad enmarañada de causas, factores, condiciones –incluidos los específicos motivos o móviles-, tanto inmediatos (as) al hecho o aparición del gusto o deseo, como remotas desde el nacimiento o aún antes de él, concurrentes para la génesis de un comportamiento dado, de sutil interacción e interdependencia, al mismo tiempo o simultáneamente, hay que apelar para configurar una verdadera explicación causal de estos mercaderes del poder político. Aún así la génesis u origen puede quedar ignoto.
El yo social de lo psíquico no lo explica todo. Lo que está dentro antes estuvo fuera, es cierto, sin contar el influjo biológico puro, sin embargo, queda por dilucidar la pálida creación individual, que usa los ladrillos, arena y cemento previamente almacenados.
El hombre no nace sino que deviene persona; el Ello innato de Freud no existe, como niega Shorojova; todo este maremágnum imbricado de elementos debe hurgarse para constatar en el ser humano un refinado producto social, del que surgen, sin que se sepa cómo, los políticos aviesos, sus apetitos e intereses vitandos y de los otros. El gusto también. Lo grave y dañino resulta cuando el ejercicio del poder presidencial, como el de Fujimori, Toledo y García, los hipertrofia, hasta corromperlos sin límite. En estos casos, la cárcel se impone, comenzando por impedirles la salida del país; el llamado juicio de residencia es un imperativo nacional.